La Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata manifiesta la profunda preocupación por la resolución del magistrado Alfredo López de la ciudad de Mar del Plata por la cual hace lugar a una medida cautelar que intenta impedir la aplicación de la Ley Nacional 27.610/20 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aprobado a finales de 2019, por considerar que violan la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción.
En concordancia con el pronunciamiento del año 2010 del Consejo Superior, máximo órgano de cogobierno de nuestra Universidad, a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de garantizar: a) el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad, que promueven la igualdad de género y social, así como el desarrollo de políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados; b) la despenalización de la interrupción de embarazos; y c) el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los términos que establezca la ley; observamos con preocupación esta resolución judicial.
Cabe recordar que la ley 27.610 fue aprobada tras décadas de lucha del movimiento feminista y luego de un amplio debate donde primó la democracia y, por decisión de la mayoría, se reconoció a las personas con capacidad de gestar, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, comprendiendo que la judicialización de la soberanía sexual atenta contra el estado de derecho.
En este marco, la Resolución del Juez Alfredo López -ante el requerimiento de sectores sociales que habiendo perdido ese debate en el ámbito político democrático, insisten en desconocer este derecho en el ámbito judicial,- atenta contra el derecho de las personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo en las condiciones sanitarias adecuadas, tal lo previsto en la normativa. Asimismo muestra ser producto de una posición claramente parcial del magistrado, tal como puede apreciarse en algunos de sus posteos en redes sociales.
En virtud de estas consideraciones, entendemos que este grave hecho nos convoca como universidad pública a efectuar un llamamiento en pos de la urgente incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia que, lejos frenar la implementación de la ley 27.610, promueva su aplicación efectiva ofreciendo garantías y amparo a quienes acuden en función de la vulneración de sus derechos.