El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata respaldó masivamente esta mañana la decisión de consentir el reciente fallo de la Justicia local en favor de una de las estudiantes de Medicina que litigaron contra las máximas autoridades de esa facultad. La sentencia en cuestión determina que no se le debe exigir el cumplimiento de los requisitos estipulados hace cuatro años por la unidad académica para ingresar a la Práctica Final Obligatoria (PFO).
De esta manera, la UNLP confirmó que no apelará el fallo y, en consecuencia, la sentencia que establece que “las modificaciones a los planes de estudio de las carreras de grado no pueden ser aplicadas en forma retroactiva”, quedará firme. La decisión de la Presidencia fue informada esta mañana durante la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad, donde se votó a favor de respaldar dicha determinación.
Cabe destacar que el fallo, que lleva la firma del Juez Adolfo Gabino Ziulu, tampoco podrá ser apelado por las autoridades de la facultad de Medicina, debido a que el magistrado le dictó la “falta de legitimación” para actuar, la cual quedó firme por incumplimiento de plazos procesales.
Concretamente, la sentencia sostiene la inaplicabilidad de las Resoluciones 561/10 y 602/10 de la Facultad de Ciencias Médicas, por las cuales se les exigía a los estudiantes tener aprobada la totalidad de los exámenes finales de todas las materias de la carrera para poder inscribirse a cursar la Práctica Final Obligatoria (PFO).
Durante la sesión del Consejo Superior, se aclaró además que, si bien las costas de los juicios por el conflicto en Medicina (se estiman unos 400 expedientes judiciales) deberán ser afrontadas por la UNLP, la casa de estudios iniciará un sumario contra el ex decano, Jorge Martínez, para que responda con su patrimonio y asuma los costos como responsable directo de la judicialización del conflicto, en abierta contradicción con las resoluciones del Consejo Superior.
En torno al tema Medicina, el informe de Presidencia también incluyó un resumen del estado de situación del Juicio Académico que se sustancia contra el ex decano de esa Unidad Académica. El presidente Raúl Perdomo informó a los consejeros sobre la reciente constitución del Tribunal de Juicio Académico y la designación de los miembros de la Comisión Instructora encargada de llevar adelante la investigación.
Durante la sesión se aclaró que el Consejo Superior no podrá ser espacio de debate para temas vinculados con el Juicio Académico “para no influir ni marcar pautas sobre temas que son de exclusiva atribución del Tribunal, y que podrían interferir en el normal desarrollo del proceso”.
OTROS TEMAS
El cuerpo aprobó además una propuesta de creación de una Comisión Permanente para la elaboración de un proyecto de Reforma de la Ley de Educación Superior. Además se aprobó una declaración referente a la defensa de la soberanía nacional frente al fallo de la Justicia Norteamericana que beneficia a los denominados “fondos buitres”.