En la segunda audiencia del debate oral con modalidad virtual del Juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús, se tomaron las indagatorias de los imputados.
En primer lugar, declaró Miguel Osvaldo Etchecolatz, imputado en su carácter de Director de Investigaciones de la Bonaerense, con poder de mando sobre los tres centros mencionados. Su declaración fue similar a otras realizadas con anterioridad: Negó la autoridad del Tribunal para juzgarlo, planteó un escenario de guerra en el cual reivindicó haber “luchado defendiendo a las instituciones” y consideró que “aquí hay una necesidad única y disimulada: deseo de venganza”.
“Ustedes no tienen autoridad. La Constitución está herida por esta transgresión. Que me interrogue la justicia militar que estaba en aquel momento de los supuestos hechos”, sostuvo Etchecolatz ubicado en una salita de la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Jorge Di Pasquale, ex teniente coronel del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 101 también realizó una breve declaración desde el mismo lugar. Dijo que quería “dejar expresa constancia que nada tengo que ver sobre los hechos que ustedes tratan. No conozco y nunca estuve en los tres lugares que ustedes marcan”, pero luego al ser interrogado por la abogada querellante Luz Santos Morón sobre los motivos por los cuales ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en al menos siete juicios, se limitó a responder “no le voy a contestar”.
Los demás imputados, todos gozando de prisión domiciliaria, se negaron a declarar, algunos con soberbia y otros victimizándose como ancianos que no recuerdan nada: el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés; Carlos del Señor Hidalgo Garzón; Jaime Lamont Smart –Ministro de Gobierno de la Provincia durante la dictadura; Juan Miguel Wolk –comisario mayor de la Bonaerense que estuvo años prófugo-; Federico Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería III; Carlos María Romero Pavón, militar del Destacamento de Inteligencia 101 y Roberto Armando Balmaceda, también de ese Destacamento.
A Miguel Ángel Ferreyro se le leyó a pedido de la abogada querellante Guadalupe Godoy la lista de víctimas por las cuales está imputado. Al concluir la lectura, el ex policía, quien bregó estos días para ser declarado incapaz de estar en juicio, demostró sus capacidades intactas al comentar “estos no son de mi lista”.
La indagatoria continuó con los imputados Carlos Gustavo Fontana, coronel en el Destacamento 101 y en el Batallón 601; Guillermo Domínguez Matheu y Emilio Alberto Herrero Anzorena, capitán del Ejército también en el Destacamento 101. Herrero Anzorena se preguntó en su breve declaración si las “presuntas víctimas eran perseguidos políticos” y por qué la fiscalía en su acusación planteó que son 500 los bebés “que dijeron se apropiaron. Las organizaciones sólo hablan de 200. Pido los nombres de los otros 300 o que se rectifique esa mención”, afirmó desafiante.
Le siguieron Antonio Herminio Simón, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 101, que pasó a retiro como coronel en 1990; Enrique Augusto Barré, ex comisario de la Bonaerense y Alberto Julio Candioti, también militar del Destacamento 101.
El tribunal eximió a Ricardo Armando Fernández y a Eduardo Samuel De Lío de participar en el debate durante la fecha, ya que se encuentran pendientes de resolución los pedidos realizados por la defensa para que se los declare incapaces de estar en juicio.
Durante la audiencia se produjo una incidencia a partir del pedido del defensor oficial para que las abogadas de Justicia Ya retiraran de las pantallas las imágenes de víctimas del genocidio que son caso en este juicio. El Tribunal denegó el pedido.
Durante el juicio se expondrán los casos de 442 víctimas de los tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El Pozo de Banfield funcionó entre 1974 y 1978; el de Quilmes entre 1975 y 1979 y El Infierno de Lanús entre 1976 y 1978
La demora del proceso judicial con causas fragmentadas que fueron elevadas a juicio recién en 2012 y 2015, y con la “impunidad biológica” de casi una decena de imputados, hizo que finalmente llegaran al debate oral, sólo 18 imputados. En el interín varios represores fueron declarados incapaces de estar en juicio o fallecieron: Miguel Ángel Amigo, Gustavo Adolfo Cacivio, Héctor Gamen, Juan María Torino, Jorge Carlos Olivera Rovere, Anselmo Pedro Palavezzatti.