A cinco décadas del inicio de la última dictadura militar en Argentina, estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y graduadas con diversas identidades y trayectorias en la Universidad Nacional de La Plata, nos reunimos para conmemorar hitos fundamentales de nuestra historia colectiva: 50 años del Golpe de 1976, 50 años de La Noche de los Lápices, 60 años de la Noche de los Bastones Largos y 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en el marco de la realización de uno de los primeros juicios orales por crímenes de lesa humanidad en La Plata, en el que se juzgó a Miguel Osvaldo Etchecolatz.

La historia de nuestras universidades públicas está marcada por la intención recurrente de cercenar el pensamiento crítico. La intervención de la dictadura de Onganía en 1966, que pretendía “depurar” la academia avasallando su autonomía mediante la violencia, encontró diez años después un correlato trágico en el secuestro y exterminio de estudiantes secundarios durante la “Noche de los Lápices” en septiembre de 1976. Estos actos no fueron aislados; buscaban desarticular mediante el terror, la participación política y social del estudiantado y de trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes.

El intento de militarizar la vida académica mediante la represión paraestatal desplegada sobre nuestra comunidad universitaria se inició el 8 de octubre de 1974 provocando los asesinatos de Rodolfo Francisco Achem y de Carlos Alberto Miguel Castrillón, y se profundizó durante la última dictadura con detenciones, desapariciones, asesinatos, cesantías, arancelamiento, restricciones al ingreso y cierre de carreras. Estas políticas impusieron terror, miedos y silencios que forzaron a muchos y muchas al exilio o al “insilio”, y generaron la desaparición de estimativamente 800 integrantes de nuestra Universidad cuya ausencia permea nuestras construcciones y disputas de sentido, movilizándonos a desarrollar políticas de memoria y reparación.

El golpe de 1976 no sólo fue represivo, sino que instauró un proyecto neoliberal que avanzó sobre la matriz productiva nacional, priorizando la especulación financiera y la mercantilización de la vida, en detrimento de la soberanía. Este modelo ha persistido a lo largo de las décadas de democracia; mientras algunos gobiernos impulsaron la inclusión y la ampliación de derechos, otros profundizaron el ajuste y el desfinanciamiento bajo las banderas de la “modernización” y la “eficiencia”, precarizando las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Hoy, observamos transformaciones regresivas que replican esa matriz de 1976: una deuda externa que disciplina al Estado y mecanismos de despojo que transfieren recursos de las

áreas sociales al sector financiero, un deterioro progresivo de lo público y el cercenamiento de las libertades democráticas mediante la judicialización y la proscripción de quienes lideraron proyectos de gobierno que profundizaron las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país. En este contexto, se intenta reorientar el rol de la universidad para que sirva a los intereses del mercado, amenazando la producción de un conocimiento soberano y crítico puesto a disposición del desarrollo integral del país.

Frente a este escenario, como comunidad universitaria, recreamos el espíritu reformista, la justicia social y el consenso del “Nunca Más”, reafirmando nuestro compromiso con:

• Los principios democráticos y la vigencia de los derechos humanos, cimientos de una educación pública de calidad, indispensable para fortalecer el consenso social democrático y forjar una patria soberana, más justa e igualitaria.

• La memoria colectiva, construcción fundamental para combatir el negacionismo y el autoritarismo, defendiendo a la educación como un derecho humano y al conocimiento como un bien público y social.

• El proyecto de país que soñaron los y las 30.000, reconstruyendo el horizonte emancipatorio por el que lucharon nuestros compañeros y compañeras detenidas-desaparecidas.

• Los principios reformistas que fundan la democratización de la universidad basada en la autonomía, el cogobierno, la enseñanza de excelencia académica, y el ingreso irrestricto, potenciados con la gratuidad decretada en 1949, así como su permanente articulación con el territorio para mejorar la vida de nuestras comunidades.

• La puesta en marcha de la Ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario de trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes a fin de garantizar el sostenimiento de sus misiones y funciones: ingreso, permanencia y egreso del estudiantado; ampliación de la oferta de carreras y formación contínua en sintonía con el desarrollo estratégico del país; condiciones laborales, salariales, de infraestructura y equipamiento para desarrollar y consolidar la enseñanza y los aprendizajes, la extensión y la investigación con mayor inversión en ciencia y técnica; y programas y becas de bienestar estudiantil que brinden condiciones materiales y simbólicas para sostener las trayectorias educativas, garantizando integralmente el derecho a la educación superior.

A 50 años del Golpe: ¡Democracia y educación pública siempre!

¡30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, presentes!

¡Por una universidad pública, gratuita y de calidad al servicio del pueblo!