En la décimo primera audiencia del debate oral con modalidad virtual del Juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús, declararon como testimoniantes de contexto Adriana Beatriz García y Julieta Sahade. La primera para dar cuenta de los estudios estructurales realizados por la Universidad Tecnológica Nacional llevados a cabo sobre el edificio donde funcionara el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “El Infierno”. La segunda, Directora de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, en relación al trabajo de preservación y custodia del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizado por esa institución.
La audiencia comenzó con el testimonio de Adriana Beatriz García, ingeniera en construcciones y docente de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, quien fuera citada para informar respecto a los estudios realizados por un equipo de investigación de esa unidad académica en el edificio de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, donde funcionara el CCDTyE El Infierno.
Luego de dar cuenta de su formación académica y profesional, Adriana García inició su relato indicando el proceso que condujo a la cooperación, a partir de 2016, entre la Facultad Regional Avellaneda de la UTN y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda con el objeto de relevar las condiciones edilicias de la ex Brigada de Investigaciones con miras a su conservación y restauración. Al respecto señaló que, debido a la medida judicial de no innovar vigente sobre el edificio, se realizaron diversos estudios no destructivos de la infraestructura con el objeto de no afectar el lugar. Particularmente se realizaron un estudio de lo que definió como “patologías” edilicias mediante análisis de imágenes; un estudio de termografía infrarroja, consistente en la detección de las diferencias de absorción del calor de los materiales mediante una cámara infrarroja; un análisis de la dureza superficial por esclerometría, vale decir el estudio mediante golpes de martillo de la dureza del hormigón para detectar diferencias en su composición y, finalmente, un análisis de la humedad en las instalaciones.
Realizando una descripción precisa de las instalaciones, la ingeniera García dio cuenta del trabajo realizado por el grupo de trabajo que integró, acompañándose para ello de una presentación gráfica que incluyó fotos del estado de conservación del edificio, así como imágenes de los planos originales y de las sucesivas reformas realizadas sobre el edificio. Así, a partir del cotejo entre la información obrante en los planos del edificio y la edificación existente, fue detallando las distintas modificaciones realizadas sobre el edificio. Allí donde fue posible gracias a los estudios realizados, aportó fechas aproximadas de realización.
En este sentido, ya sea por la composición del hormigón, el uso de distintos ladrillos y/o las técnicas constructivas, la ingeniera pudo señalar que entre los años 1971 y 1978 se realizaron distintas modificaciones al edificio consistentes en el cambio de fachada y el cierre de aberturas ubicadas en un muro perimetral, entre otras. Y aunque ante las preguntas de las querellas no pudo afirmar si esa modificaciones obedecieron a la implementación del plan represivo implementado por la dictadura genocida, la comprobación de la construcción de un muro divisorio de la zona de calabozos mediante el uso de la técnica de termografía infrarroja, parece confirmar algunos testimonios de personas privadas de su libertad antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, quienes señalaron que esa pared fue realizada como parte de los preparativos realizados para transformar la Brigada en centro clandestino de detención.
Luego prestó declaración la archivista Julieta Sahade, Directora de Gestión y Preservación de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, quien inició su exposición realizando una aproximación a las tareas desarrolladas por ese organismo estatal en relación a la los fondos documentales bajo su custodia. Al respecto, señaló que esa institución estatal provincial fue designada por la justicia federal como depositaria de los fondos documentales de la ex Dirección de Inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina Zona Atlántico Norte y de diversas unidades carcelarias ubicadas en territorio bonaerense, con el objeto de su custodia y preservación. E indicó que el área a su cargo se especializa en la preservación documental y la gestión archivística con el objeto de responder a las demandas de la justicia, los investigadores y las víctimas de la represión dictatorial y sus familiares. Ello supone tanto el desarrollo de tareas vinculadas con la gestión de los archivos y la preservación material de los documentos, como otras relacionadas con la interpretación del material en forma contextual.
En relación a las tareas de gestión del archivo, Julieta Sahade indicó que para ello se tienen en cuenta tres criterios principales: a) procedencia, que señala que los documentos deben estar en el archivo original de su procedencia; b) preservación del orden original, es decir mantener el orden en que fue ingresado el documento al archivo para garantizar su lógica, y c) integralidad, vale decir no fraccionar el archivo para no perder el sentido contextual
En relación al tratamiento de los documentos, señaló que realizan tareas orientadas al cuidado del material con el objeto de preservar los originales, la disminución de su manipulación mediante su digitalización, la descripción normalizada de los mismos de acuerdo a parámetros internacionales a fin de garantizar su accesibilidad y conocimiento, la generación de políticas tendientes a garantizar el acceso al archivo y la difusión de su existencia.
De su descripción del fondo documental perteneciente a la ex DIPBA surge que el mismo cuenta como fechas extremas los años 1955 y 1998, aunque contiene material previo que se remonta hasta 1937 debido a que la DIPBA heredó archivos preexistentes de otras dependencias policiales especializadas en la persecución político ideológica en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Existiría en la constitución del archivo una tensión dos lógicas persecutorias: al comunismo, una tendencia de largo plazo que responde a la guerra fría, y al peronismo, como reflejo de los procesos políticos nacionales. En tercer lugar, es posible tanto una preocupación de persecución al enemigo interno como de vigilancia a sujetos potencialmente peligrosos a futuro. De acuerdo a la testigo “…la institución reaccionó ante el enemigo pero también buscó anticiparse…”. Además, el material documental refleja la articulación de la Dirección de Inteligencia de la policía con la comunidad informativa, pudiendo observarse el intercambio de información y documentación entre los diferentes órganos de inteligencia que la componían. Julieta Sahade señaló que, en ese sentido, resulta sintomático que la DIPBA se creó el mismo año que la SIDE. Finalmente, del análisis de la sección doctrina del archivo también puede conocerse la normativa que reguló el funcionamiento del archivo, su articulación con otras fuerzas y con otras dependencias intrafuerza.
A partir de los organigramas de la policía a lo largo del tiempo Julieta Sahade destacó la progresiva complejización de la burocracia policial y su reflejo en la estructura de la dirección de inteligencia, más allá de los cual es posible advertir la continuidad de ciertas estructuras centrales. Además de las figuras del Director y el Subdirector, señaló la existencia de las secciones de Confidentes, Enlace y Búsqueda. Respecto a la primera, especificó que se trataba de una red de informantes y agentes propios a los que se calificaba en función de su confiabilidad, la que era indicada al pie de la documentación mediante códigos alfanuméricos. La DIPBA contó, hacia el final de su funcionamiento, con una Sección de Prensa que recolectaba materiales de medios y con una estructura territorial que incluía una oficina central con sede en La Plata, secciones o delegaciones zonales y, una vez iniciada la dictadura una Sección Metropolitana y otra de Enlace en la capital federal.
En relación a la Sección de Búsqueda señaló que organizaba la información en función temas de interés que recibían el nombre de “Factores” y cuya documentación era agrupadas en Mesas. La de mayor volumen es la que responde al factor “Comunismo”, activa desde los inicios de la DIPBA y hasta los años setenta, momento en que el factor “Delincuente Subversivo” pasó a ser el de mayor interés para la policía. La información contenida en cada mesa se encuentra agrupada en carpetas y dentro de éstas en legajos, pudiendo responder estos a criterios de temática, lugar y/o fecha. Además existía un fichero del archivo a través del cual era posible vincular y articular la información contenida dentro de cada legajo.
A continuación Julieta Sahade realizó una descripción del circuito de producción de la información, señalando que se iniciaba con un requerimiento firmado por el jefe de la DIPBA y que las delegaciones o la sede central elaboraban una plan de acción para la recolección de la información a partir de medios propios o ajenos, que luego era procesada y/o valorada y finalmente registrada en el archivo. En ese esquema la sección archivo de la DIPBA actuaba tanto como ámbito de registro de la información nueva como fuente de información o lugar búsqueda y producción de información. Además, señaló que la documentación se originó tanto en la Dirección de Inteligencia, como en las secciones territoriales de la propia Dirección y en otras dependencias de la policía, y que era enviada tanto hacia otras instancias de la propia policía como hacia otras esferas del Estado, las que quedaban registradas en el llamado “Distribuidor”.
Finalmente, la archivista describió brevemente los fondos documentales pertenecientes a la sección de informaciones del servicio de inteligencia de la prefectura zona mar argentino norte y al servicio correccional bonaerense, hoy servicio penitenciario bonaerense, relacionado con presos políticos durante la dictadura genocida.
Ante las preguntas de las partes y los jueces, refirió que en términos generales no es posible observar un interés particular de la policía respecto a la orientación sexual o la identidad de género de las personas investigadas de modo tal que se viera reflejado en la constitución de un “factor” de búsqueda. No obstante, sí es posible observar la existencia de valoraciones de orden moral respecto a las conductas de las personas investigadas, donde el género y la sexualidad aparece como un disvalor. En segundo lugar que aunque no existe una noción clara de las razones que posibilitaron la supervivencia del archivo a la orden de destrucción emitida por el General Bignone durante el último período de la dictadura, es posible que ello se deba tanto a la propia dinámica conservadora de todo aparato burocrático, como a la continuidad del accionar de la DIPBA hasta los años noventa. En tercer término, indicó que los documentos del archivo permiten observar una doble vinculación de la estructura de inteligencia de la policía con las fuerzas armadas a partir de la dependencia operacional de la policía respecto a los jefes de las zonas, subzonas y áreas de defensa y, por otro lado, por el llamado canal técnico que la relacionaba con la estructura de inteligencia del Ejército y la comunidad informativa.
El juicio continuará el día martes 11 de enero a las 9:30 hs
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