AUDIENCIA 8- 15 DE DICIEMBRE DE 2020
En la octava audiencia del debate oral con modalidad virtual del Juicio Brigadas Banfield, Quilmes y Lanús, declaró como testigo de contexto la historiadora Victoria Basualdo para dar cuenta de la responsabilidad empresarial en el proceso represivo y su incidencia en casos de la causa.
La Dra Victoria Basualdo fue convocada por la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y querellantes particulares, representados por la abogada Guadalupe Godoy, en virtud de sus investigaciones personales y las investigaciones colectivas que ha coordinado sobre el tema, particularmente el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado (Infojus, 2015, Tomo 1 y Tomo 2).
La declaración comenzó con una breve descripción de la trayectoria individual de la investigadora y la explicación sobre cómo puede aportar a la causa. En este sentido, la Dra. Basualdo señaló que se ha concentrado en dos grandes líneas: por un lado, la importancia de la visibilización del activismo obrero y la militancia sindical como causales de persecusión y represión. Y por otro lado, entender la participación de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y de seguridad, como una forma de visibilizar sujetos que han quedado por fuera de las reconstrucciones de los entramados represivos.
La primera parte de su testimonio se centró en los casos de la planta de Mercedes Benz en González Catán, Molinos Río de La Plata en Avellaneda, Astillero Río Santiago en Ensenada, Saiar en Quilmes y Peugeot en Berazategui, debido a que trabajadores de esas empresas que fueran víctimas de la represión resultan caso en este juicio. Enmarcando su análisis en el citado Informe de Responsabilidad Empresarial, explicó brevemente los puntos centrales del mismo y señaló que sus conclusiones permiten señalar que existieron patrones de funcionamiento de las prácticas empresariales represivas a nivel nacional: secuestros en lugares de trabajo, entrega de información privada de los trabajadores y de listas de delegados, cuadros empresariales presentes en operativos de secuestro o tortura, aportes económicos a las fuerzas represivas, uso de vehículos de las empresas en operativos de detención y secuestro, pedidos explícitos de detención de ciertos trabajadores, secuestros en el trayecto de la casa a la fábrica
Esto es importante para pensar por qué no se puede hablar de una complicidad o acompañamiento. En palabras de la Dra. Basualdo: hablar de responsabilidad no implica igualar los niveles, no implica desconocer de ningún modo el papel de las Fuerzas Armadas, ni implica uniformar el tipo de acción de todas las empresas analizadas. Hay grados, niveles y tipos de responsabilidad. Pero nos parece muy importante hablar de responsabilidad, porque la complicidad siempre alude a un acompañamiento secundario y nos da un punto de partida donde parece que las empresas nunca lideraron estos procesos.
La Dra. Basualdo hizo referencia a las distintas fuentes que nutrieron su investigación, que van desde Archivos y Fondos documentales públicos o privados -señalando los límites en el acceso a la documentación empresarial que fue oculta o destruída- hasta resoluciones estatales o entrevistas a sobrevivientes, familiares y testigos.
A continuación, detalló las evidencias específicas recabadas sobre casos incluidos en esta causa. Comenzó con Mercedes Benz, donde en enero de 1977 y en el marco de una disputa sindical, fueron secuestrados los delegados Víctor Hugo Ventura y Esteban Alfredo Reimer, emblemas del proceso de lucha por los derechos de los trabajadores en un contexto regresivo. Previamente, la empresa había provisto al Ejército de sus legajos. Estos dos casos no fueron aislados sino que fueron parte de una serie de acciones del personal empresarial directamente relacionadas con el proceso represivo. Reimer y Ventura estuvieron detenidos en la Brigada de Lanús y continúan desaparecidos.
En el caso de Molinos Río de La Plata, señaló como un hecho central el operativo del 7 de julio de 1976, cuando integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad ingresaron a la fábrica y secuestraron a un grupo de trabajadores previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. Los casos que desarrolló fueron los de Alfredo Emilio Patiño, Carlos Guillermo Robles y su esposa, Martina Concepción Espinoza. Aclaró que queda mucho por desarrollar y aunque aún no se ha podido ver la dinámica específica de estos secuestros, queda claro que sucede en el marco de su carácter de trabajadores y sindicalistas de una empresa con un accionar amedrentador y represivo explícito. Patiño, Robles y Espinoza estuvieron en el Pozo de Quilmes y continúan desaparecidos.
Luego desarrolló algunas cuestiones puntuales del Astillero Río Santiago, remarcando algunas particularidades de la represión en La Plata Berisso y Ensenada, distinta a las características del cordón industrial de zona sur: se trató de una empresa estatal controlada por la Armada, que operaba como una entidad represiva distinta en la zona a través de la Fuerza de Tareas 5 (FUERTAR5), cuyo accionar fuera juzgado en el año 2015. Victoria Basualdo señaló además el desarrollo de una rápida militarización de la planta y la existencia de detenidos en la planta previo a su traslado a la Escuela Naval y el Liceo Naval. E indicó que, aunque se trata de una cifra en proceso de construcción, hubo aproximadamente 70 trabajadores del Astillero víctimas directas del Terrorismo de Estado, a los que deben agregarse quienes fueron alcanzados por otros fenómenos de la represión en el ARS, como el despido masivo y el autoexilio de los/as trabajadores/as del Astillero
Desarrolló los casos de Miguel Ángel Soria y Alberto Osvaldo Derman, víctimas en esta causa. El primero era técnico electricista y delegado sindical hasta su despido en marzo de 1976, fue secuestrado el 1 de junio de 1976, fue llevado a la Brigada de Investigaciones de Lanús y se encuentra desaparecido. Alberto Osvaldo Derman fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 junto a su compañera Cristina Gioglio, llevado al Pozo de Quilmes y luego liberado. Había sido delegado en ARS.
Luego de un cuarto intermedio, Victoria Basualdo retomó su testimonio recuperando los casos de dos empresas que no fueron incluidas en el Informe de responsabilidad empresarial pero que fueron relevadas preliminarmente, pudiendo recabar información que prueba su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Comenzó con el caso de la planta original de Peugeot donde identificó nueve casos que forman parte de esta causa: Santos Boria (Pozo de Quilmes); Domenico o Domingo Favazza (Pozos de Banfield y Quilmes); Felipe Antonio Favazza (Pozos de Banfield y Quilmes); Luis Horacio Fernández (Pozo de Quilmes); Enzo Fiore (Pozo de Quilmes, continúa desaparecido); Jorge Guidi (Pozo de Quilmes, continúa desaparecido); Guillermo La Rosa (Pozo de Quilmes, continúa desaparecido); Alberto Felipe Maly (Pozo de Quilmes); y Eduardo Rosen (Pozo de Quilmes, continúa desaparecido).
Explicó algunos elementos de la trayectoria productiva y de la conflictividad en esa planta de Peugeot para poder tener un panorama de lo que se vivía en el momento. De 1974 a 1979 se pasó de un momento de auge, a una situación cada vez más compleja de las condiciones laborales. A partir de 1976 se vivió un proceso de derrumbe salarial, de pérdida de derechos y, sobre todo, un aumento de las exigencias de productividad. La investigadora explicó distintas formas de protesta y de resistencia contra los niveles crecientes de maltrato, control y explotación dentro de la planta.
La Dra. Basualdo, destacó la importancia que tienen los testimonios que se escucharon en los Juicios por la Verdad para estas investigaciones. Leyó textualmente la declaración del año 2004 de Roberto Guidi en la que explicó que la desaparición de su hermano Jorge está vinculada con un problema dentro de la fábrica y con una disputa con un gerente en particular. Otro de los ejemplos que citó y leyó textualmente, es el testimonio del sobreviviente Alberto Felipe Maly, también del 2004, al que caracterizó como sumamente significativo para pensar la militancia obrera y sindical como causal de represión, para recuperar la importancia que los pepetradores daban en los interrogatorios al activismo y la movilización sindical, y también para ver que en ese momento, la idea de ser reprimido por estas cuestiones, era algo que no se terminaba de dilucidar.
En el caso de Saiar también pudo encontrar nueve casos incluidos en esta causa: Nicolás Adán Barrionuevo, delegado gremial de la UOM sobre el que hizo hincapié porque muestra la estrecha relación entre los procesos de conflictividad y represión al interior de la fábrica (Brigada de Lanús); Héctor Tomás Campdepadrós, delegado gremial (Pozo de Banfield); Gerardo Manuel Carrizo (Brigada de Lanús); Raúl Horacio Codesal, delegado gremial (Brigada de Lanús y Pozo de Banfield); Luis Adolfo Jaramillo (Brigada de Lanús, su cuerpo fue identificado por el EAAF en Avellaneda en 1990); Francisco Domingo Orellana (Pozo de Banfield); Héctor Alberto Pérez (Brigada de Lanús, continúa desaparecido); Adriana Patricia Sotelo (Pozo de Banfield), esposa de Héctor Tomás Campdepadrós; y Jorge Varela (Pozo de Banfield). Detalló distintos accionares y prácticas que la empresa llevaba a cabo para amedrentar, desarmar la organización y reprimir.
Recuperó el testimonio de 2003 de Raúl Horacio Codesal, porque no solo reconoce a Minicucci como uno de los torturadores en el CCD el Banco, sino que marca una relación muy fuerte entre los empresarios y los militares. También le pareció muy importante recordar que en su declaración, el “Barba” Gutiérrez señaló cómo la empresa obligaba a trabajar turnos de 12 horas y que quien no lo aceptaba era considerado subversivo. Guitiérrez también hizo referencia al caso de Jaramillo, que como no podía hacer horas extras lo obligaron a renunciar y posteriormente lo desaparecieron.
Nos gustaría citar la reflexión de Victoria Basualdo respecto de la gran cantidad de trabajadores desaparecidos en Saiar y Peugeot: “es una enorme ruptura el secuestro y la desaparición de trabajadores, es algo que por repetido, por reiterado, quizás lo empezamos a naturalizar. Pero realmente la desaparición de grupos significativos de trabajadores de una empresa es una marca muy grande”.
A continuación las demás querellas realizaron preguntas que permitieron desarrollar con más detalle algunos aspectos de su explicación. En ese contexto, remarcó la importancia de considerar que el conflicto laboral, como símbolo de la disputa de poder, estuvo en el centro de la preocupación tanto de empresarios como de las Fuerzas Armadas. Esto permite ver en un plano de corresponsabilidad ante la represión a sujetos sociales que parecían ligados a motivaciones puramente económicas o productivas. Con el fin de ilustrar esto, citó directivas de las FFAA en las que no quedan dudas que reconfigurar las relaciones laborales para asegurar el “libre desenvolvimiento de la actividad industrial” era un objetivo central de la “lucha contra la subversión” de la última dictadura y que, de hecho, esto estaba reglamentado. En este contexto, ciertos sectores empresariales fueron considerados “fuerzas amigas”, e incluso quedaron registros de la preocupación que las Fuerzas Armadas tenían ante un sector reacio a participar activamente en la represión y frente a otro que no solo acompañó sino que se excedió en el afán represivo.
Así mismo, hizo referencia a un documento desclasificado del año 1978 titulado “La desaparición de los trabajadores ceramistas de 1977” del que consideró que dialoga con las directivas antes mencionadas, al referirse a un sector del empresariado que va más allá en el proceso represivo. Compartimos este fragmento tan paradigmático que leyó durante la audiencia: “creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre los directivos y agencias de seguridad dirigido a eliminar terroristas infiltrados en los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la Embajada…que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, porque podrían ser en realidad apenas casos de legítimo, aunque ilegal, activismo gremial”.
Finalmente, Victoria Basualdo se refirió a los distintos procesos de judicialización de responsabilidad empresarial que se llevaron a cabo en Argentina. Destacó la resistencia a estos juicios y la falta de cobertura mediática que tuvieron en el país. Además citó los fundamentos de la sentencia del juicio de Ford, publicada en marzo de 2019, para pensar los argumentos que expuso durante su testimonio. En relación a otros casos del cordón industrial de Zona Sur, señaló que tiene estudios preliminares sobre todo el sector, lo que permite ver la amplitud de los circuitos represivos y todos los casos que no llegó abordar desde su metodología de investigación. Sin embargo, señaló que los casos que detalló previamente sirven para iluminar patrones de funcionamiento sobre otras empresas involucradas en el accionar represivo que se está juzgando.
La audiencia continuará el martes 22 de diciembre a las 9:30 horas, con los testimonios de contexto de Horacio Verbitsky y Bruno Napoli.
http://[youtube https://www.youtube.com/watch?v=p1yKpwYuorE&w=560&h=315]