En una sociedad democrática y republicana deben respetarse las opiniones de todos los ciudadanos y ciudadanas, y desde el ámbito académico consideramos imperativo dar nuestro punto de vista y precisar los términos de la controversia suscitada con motivo de la visión alternativa que un grupo de nuestros compatriotas expuso en los medios de comunicación con relación al conflicto de Malvinas.
Debemos expresar con claridad que esta visión es ilegal e ilegítima en el marco de la estructura jurídica internacional contemporánea. Estas son las razones:
Hace 47 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -a la cual pertenece el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además de tener el privilegio de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad- aprobó la Resolución 2065 del año 1965 (vaya nuestro reconocimiento a las autoridades y a los miembros de nuestros servicio exterior de aquellos años que participaron de su adopción). En ella, la comunidad internacional reconoció que el conflicto argentino-británico por la soberanía de las Islas Malvinas era una cuestión colonial, e instó a los gobiernos de ambos Estados a realizar negociaciones para encontrar una solución pacífica a este diferendo, teniendo en cuenta los principios establecidos por la Carta de la ONU y los "intereses de los habitantes de las islas".
Esos principios que figuran en el artículo 2 de la Carta de la Organización, son la base fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo, que establece en ciertas situaciones una jerarquía entre ellos: por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos no puede afectar la integridad territorial tal como se establece expresamente en la Resolución 1514 de 1960 -reconocida como la Carta Magna de la Descolonización-, que en su punto 6 declara: "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
A partir de esa fecha, tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Comité Especial de Descolonización de esa organización han dictado numerosas resoluciones y recomendaciones, enmarcadas todas en la resolución mencionada. Por lo tanto, no caben dudas que la comunidad internacional ha excluido de la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos a estos territorios usurpados, que se encuentran bajo ocupación militar del Reino Unido desde hace 179 años.
La República Argentina ha dado muestra de su respeto por los intereses de los habitantes de las islas, lo que ha sido reconocido en muchas de estas resoluciones y recomendaciones de la ONU.
Es cierto que la trágica aventura militar de 1982 (como bien lo expresan los autores de la propuesta), vino a significar un quiebre y un retroceso fenomenal con la conducta de nuestra diplomacia en los años posteriores a la Resolución 2065.
Además, expresamente, nuestra Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, establece en su primera cláusula transitoria que "va a respetar el modo de vida de sus habitantes conforme a los principios del derecho internacional".
¿Cuál ha sido, por el contrario, el comportamiento del Reino Unido, durante todo estos años?
Ha tratado de eludir el mandato de la comunidad internacional, ha intentado desde la década del setenta introducir un elemento ajeno a la disputa: el respeto a los "deseos de los isleños". Esto implicaría la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos con el objetivo de intentar legalizar el desmembramiento de la integridad territorial de la República Argentina, prohibido por la normativa internacional. El Reino Unido omite, en este intento de confundir a la opinión pública internacional, que los habitantes de las Islas Malvinas no son descendientes de la población que habitaba las islas cuando se produjo el acto de fuerza del 3 de enero de 1833.
El Reino Unido oculta que a partir de esa fecha promovió una política de repoblación del archipiélago con colonos británicos y la expulsión total de los habitantes que encontraron los usurpadores en el lugar, que fueron embarcados y dejados en el territorio continental argentino. Desde ese momento dificultó la radicación de ciudadanos argentinos en el archipiélago e impidió la adquisición de tierras y empresas por ellos.
Asimismo, reafirmó al extremo la cultura británica de los colonos que fue introduciendo en las islas. En este sentido, podemos decir que el Reino Unido, salvando las distancias históricas, fue el precursor de los métodos de "limpieza étnica" que luego practicaron otros países en la "civilizada Europa" -incluso muy recientemente- para vergüenza de la propia comunidad europea que creía haber dicho "nunca más" a esas prácticas, luego de la Segunda Guerra Mundial.
En consecuencia, los actuales ciudadanos británicos que habitan las Islas Malvinas son, en algunos casos, descendientes de los colonos originarios, y en otros, son nuevos colonos que han arribado a ellas durante los siglos XX y XXI, como empleados de las empresas que explotan económicamente las islas por concesiones de la metrópoli o en carácter de empleados de la misma administración británica. Son personas que se han beneficiado con la situación colonial y si bien su sentido de pertenencia al lugar no puede desconocerse, estos individuos deben asumir la responsabilidad que les corresponde por los beneficios personales obtenidos a consecuencia de la situación colonial.
Es indudable que "sus deseos" son los mismos que los del usurpador, siendo instrumentos del mecanismo colonial y no otra parte del conflicto. No son "sujetos de derecho" diferentes a la metrópoli, en todo caso podrían ser considerados en el futuro con los mismos derechos que tienen el resto de nuestros compatriotas.
Por otra parte, es el Reino Unido quien desoyendo reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas, innova con sus acciones unilaterales de carácter militar. La prueba de misiles, la introducción de tecnología sensible y de última generación, como así también la instalación de la base militar en Mount Pleasant, con capacidad y logística para transformarse en una base de la OTAN, evoluciona constituyéndose como una amenaza constante no sólo hacia la República Argentina, sino también hacia Latinoamérica y al conjunto de los Estados miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, quienes desde su constitución por las Naciones Unidas, en el año 1986, abogan por la desmilitarización y la desnuclearización del Atlántico Sur en su conjunto
Al cumplirse en estos días 30 años de la nefasta guerra deberíamos, después de tantas contradicciones, generar una verdadera Política de Estado, no una política de los "gobiernos" para sus estrategias internas.
Debemos pensar la PATRIA en su integridad, tomando no sólo en cuenta su espacios geográficos en toda sus dimensiones sino también los valores que hacen respetables a los países en el concierto de las naciones: el respeto a la ley, tanto nacional como internacional; la igualdad ante la misma; el régimen republicano de gobierno que permita que todos los ciudadanos pueden expresarse libremente; el bienestar de su pueblo y la defensa irrestricta de sus recursos naturales no sólo para la generación presente sino también para las futuras.
En definitiva, una identidad de Nación que hoy se enlaza con una mayor, la de nuestra patria grande latinoamericana.
La verdadera y única alternativa es el respecto al cumplimiento de los grandes principios del derecho internacional, que la comunidad ha logrado establecer luego de tantos horrores, y en particular luego de esa mácula para la humanidad que fueron y son el colonialismo y el neocolonialismo.
