Una mirada desde la Geografía sobre la Ley de Tierras y las tramas de la agricultura familiar en el territorio periurbano productivo platense.
Por Daniela Patricia Nieto [1]; Rocío Cecilia Ennis; María Soledad Tarquini; Brenda Daiana Sosa; Marcela Fedele y Gabriel Atilio Rivas del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educación de la UNLP. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS UNLP-CONICET).
La reforma de la Ley de Tierras vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta histórica: ¿para quién es la tierra? Lejos de tratarse de una discusión exclusivamente legal, interpela sobre el modo en que una sociedad decide quiénes pueden acceder a la tierra; cómo y qué lugar ocupan en la organización de nuestra sociedad la apropiación de bienes comunes, el desplazamiento de productorxs y de actividades productivas tradicionales, así como también la concentración de la propiedad y las dinámicas que tienden hacia la especulación sobre suelo productivo.
En este contexto, desde el Equipo de investigación ponemos en conversación el posicionamiento de Carlos Walter Porto-Gonçalves (2001)[2] -en torno a la reducción de la tierra a un objeto físico y medible como mecanismo de dominación moderno-colonial- con el artículo de Facundo Giuliano y Walter Mignolo (2025)[3] donde se preguntan cómo se mezclan y desmezclan las genealogías referidas a la colonialidad, la subjetividad y la territorialidad. Para comprender los sentidos que muestran estos interrogantes, Aníbal Quijano (2000)[4] propone el concepto de colonialidad del poder, el cual opera simultáneamente sobre los cuerpos y los territorios. La reducción geométrica y mercantil de la tierra constituye el correlato material de la racionalidad eurocéntrica que propuso la relación “cuerpo/naturaleza” en términos de dominación.
En el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el posicionamiento estatal toma el principio colonial de que la tierra es solo un objeto para comercializar en términos del mercado global, relegando otras formas de concebir, vivir y ser con el territorio.
Entonces, es allí, en la tensión entre estas dos concepciones de la tierra -como mercancía o como condición para la reproducción de la vida– donde situamos el actual debate sobre la reforma de la Ley de Tierras, vigente desde 2011. Dicho instrumento legal regula la propiedad de las tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, con el objetivo de proteger recursos estratégicos, la soberanía territorial y el control sobre los bienes naturales. Entre otras disposiciones, la ley establece una serie de límites que actualmente se busca eliminar. En primer lugar, fija un tope del 15% a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial y subprovincial. Además, dispone que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese porcentaje permitido y que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (centro productivo pampeano), o su equivalente en otras regiones. Finalmente, prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes o de envergadura.
Un dato no menor es que el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, ya había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, su vigencia fue restituida mediante una medida cautelar -actualmente vigente- dictada a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los datos más recientes del Registro Nacional de Tierras Rurales (agosto de 2025) indican que más de 13 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras, lo que representa casi el 5% de su superficie. Si bien ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por la ley, al analizar la escala local se observa que más de treinta partidos y departamentos del país exceden ese porcentaje y que, en cuatro de ellos, más de la mitad de las tierras rurales pertenece a propietarios extranjeros.
Según investigadores del Observatorio de Tierras, los propietarios estadounidenses lideran la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguidos por capitales de origen italiano y español. Tan sólo esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país.
Figura 1. Mapa de Extranjerización de Tierras en Argentina
Fuente: Observatorio de Tierras. CONICET-UBA
Es importante destacar que la ley vigente no sólo restringe la venta de hectáreas, sino también el acceso a lo que hay debajo y alrededor de ellas. En la franja cordillerana, la extranjerización avanza sobre departamentos de frontera donde se concentran las principales reservas de agua dulce del país en forma de glaciares, junto con recursos hidrocarburíferos, tierras raras y litio. Sobre el litoral, el avance acorrala al corredor del río Paraná, un extenso ambiente de humedales y cursos de agua que funciona como corredor fluvial estratégico. Es la vía por la que sale cerca del 80% de la producción del país -entre agronegocio y minería- y ya tiene departamentos que duplican el límite de extranjerización vigente desde 2011. Ese avance no es casual y se complejiza con la reciente modificación de la Ley de Glaciares y la adjudicación por parte del Gobierno de la concesión de la Vía Navegable Troncal a un consorcio encabezado por la empresa belga Jan De Nul por 25 años. El Observatorio de Tierras lee ahí una convergencia: la disputa no es por una variable aislada sino por el control articulado de puertos, logística, tierra y recursos hídricos a la vez.
Lo que se pone en juego no es sólo la tierra, sino los recursos naturales, la soberanía sobre ellos y el acceso democrático a las decisiones sobre su uso.
Así como la alarma se enciende principalmente en las provincias fronterizas de nuestro país, esta problemática amenaza a todo el territorio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Zárate y Campana superan el límite de extranjerización establecido, con el 24,8% y el 50,27% de sus superficies rurales en manos extranjeras. En el partido de La Plata, en tanto, la superficie rural asciende a 64.122,60 hectáreas, de las cuales 6.375,04 (el 9,94%) pertenecen a propietarios extranjeros.[5]
Dicho dato cobra relevancia si tenemos en cuenta que el acceso al suelo para la producción alimentaria en el Cinturón Hortícola Platense (CHP) está profundamente marcado por la precariedad y la condición de arrendatario que caracteriza a buena parte de los productores migrantes.
Pensar el debate sobre la Ley de Tierras desde el Cinturón Hortícola platense
El debate sobre la Ley de Tierras también interpela a los Cinturones Verdes Productivos del país. Estas áreas de producción primaria desarrolladas en zonas periurbanas cumplen un papel estratégico para las economías regionales, el abastecimiento de alimentos frescos y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Sin embargo, en las últimas décadas han atravesado procesos de retracción y transformación como consecuencia del avance de la especulación inmobiliaria sobre el suelo productivo y de la expansión de los cultivos extensivos.
En el partido de La Plata, donde la superficie destinada a la producción intensiva y la superficie urbana presentan dimensiones similares, el CHP -el principal del país- enfrenta un proceso sostenido de avance urbano que desplaza a los productores hacia tierras de menor calidad agronómica y con déficits de infraestructura básica.[6]
Figura 2: Áreas de producción hortícola y florícola intensiva y áreas urbanas. Partido de La Plata 2026.
Fuente: elaboración propia sobre la base de cartografía de usos del suelo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y actualización mediante interpretación de imágenes satelitales, 2026.
Asimismo, al CHP lo aqueja una problemática estructural: solo el 31% de la superficie es explotada por sus dueños, mientras que el 69% restante depende de formas de tenencia no propietarias.[7] La dificultad para acceder a la tierra es una problemática que condiciona no sólo la forma en que se lleva adelante la producción, sino también los modos de vida, dado que en el CHP el predio se utiliza tanto para fines productivos como habitacionales. El régimen de tenencia de la tierra en este sentido es un indicador crucial para la calidad de vida de los productores familiares ya que es central para comprender las posibilidades de reproducción social de la agricultura familiar en el sector, tipología predominante. En este contexto, mientras se discute la ampliación de los derechos de propiedad para el capital extranjero, quienes producen buena parte de los alimentos frescos que llegan a nuestras mesas continúan sin acceder al suelo en el que viven y trabajan. La situación pone de relieve una tensión estructural del modelo agrario argentino.
Del mismo modo, resulta fundamental distinguir entre la extranjerización de la tierra impulsada por capitales corporativos transnacionales -que la reforma busca facilitar- y la presencia de población migrante que, desde una posición históricamente subalternizada y con un acceso precario a la tierra, constituye la principal fuerza de trabajo de la horticultura platense y garantiza buena parte del abastecimiento de hortalizas frescas a escala local, regional y nacional. Esta distinción pone en evidencia una de las principales contradicciones del debate: mientras las políticas estatales favorecen las dinámicas de acumulación del capital extranjero, continúan invisibilizando el arraigo territorial, el trabajo y la contribución a la soberanía alimentaria de quienes producen buena parte de los alimentos frescos que abastecen al país.
Desde el CHP la premisa de que “sin tierra no hay soberanía alimentaria” cobra relevancia frente al debate sobre la reforma de la Ley Tierras. Desde esta perspectiva, se sostiene que el suelo no es solo un bien económico comercializable, sino que también debe entenderse como un bien común que permite la reproducción de la vida y la producción de alimentos. Como principio ético y político, la tierra debe ser un derecho de quienes la habitan, la producen y la cuidan. No puede reducirse a una mercancía ni a un instrumento de acumulación de riqueza y poder en manos de enclaves minoritarios, sino que debe orientarse a garantizar el bien común, la soberanía alimentaria y las condiciones de existencia digna para las mayorías. Es urgente dar respuestas alternativas que rompan con el colonialismo interno que perpetúa las matrices históricas de exclusión, para transformar la tierra en un territorio para la reproducción comunitaria de la vida.
[1] Integrantes del Equipo de Investigación: El territorio periurbano productivo platense en espacio de frontera (TPPP). Un estudio desde la complejidad, lo parcial y lo situado. (Proyecto de investigación PI+D PI+D H1046). Directora: Daniela Patricia Nieto, Codirector: Gabriel Atilio Rivas.
[2] Porto-Gonçalves, C. W. (2001). Geo-grafías: Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. Siglo XXI.
[3] Giuliano, F. y Mignolo, W. (2025). Lo dueño de la tierra : ¿cómo llegamos hasta acá? (colonialidad, subjetividad, territorialidad). Boletín geografías desde el Sur (12). https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.19615/pr.19615.pdf
[4] Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 201-246). CLACSO.
[5] Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/02/extranjerizacion_por_departamento_pdf.pdf
[6] La cartografía se elaboró a partir de capas de usos del suelo del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2021), actualizadas a 2026 mediante interpretación visual de imágenes satelitales disponibles en Google Earth. La elaboración cartográfica y el cálculo de las superficies se realizaron en QGIS.
[7] Relevamiento Florihorticola “Conocer para desarrollar”, octubre 2025. Disponible en: https://laplata.gob.ar/#/ciudadproductiva/florifrutihorticola
