Por Lucero San Vicente y Caridad Bonavida, Maestrandas en Historia y Memoria
En esta oportunidad prestaron su testimonio siete testigos de contexto: Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Lena Dávila da Rosa, Alejandro Covello, Mariana Nazar, Alejandra Aragón y Carlos Salamanca.
Un nuevo escenario para el juicio: Napalpí en la Ex ESMA La quinta audiencia tuvo lugar el martes 10 de mayo y se llevó adelante en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la Ex-ESMA. La entrada al predio se veía llena de medios de comunicación y a la entrada del auditorio se podía observar el escenario. En este espacio en donde se han montado obras de teatro ahora se llevaría a cabo un juicio por la verdad. A este escenario trasladaron los elementos que componen la escena judicial en Chaco, salvo por la diferencia en las banderas que se presentaron, en esta ocasión sólo se pudo observar la bandera argentina, cuando en Chaco se coloca la bandera de la provincia, la de Argentina y la wiphala. El otro lado del escenario también transmitía elementos para reflexionar sobre este juicio. En el público, además de miembros de otras comunidades indígenas, e integrantes de la Fundación Napalpí, asistieron estudiantes que forman parte del programa organizado por la Ex ESMA llamado “La escuela va a los juicios”; se encontraban también los políticos y activistas Juan Grabois y Natalia Saracho y, en primera fila, Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo.
Marcelo Musante: “La Reducción de Napalpí es condición para la masacre”
El primero en declarar fue Marcelo Musante, Doctor en Antropología Social y miembro de la Red de Investigadorxs sobre Genocidio y Política Indígena. La Fiscalía justificó la pertinencia de este testimonio no solo por los análisis elaborados en la extensa y exhaustiva investigación del sociólogo[1], sino también por el soporte testimonial que brindó para la investigación judicial.
Su propuesta central fue que “la reducción de Napalpí es condición para la masacre (…) y condición también para ocultar y negarla”. Musante inició su declaración manifestando la importancia de entender a la Masacre de Napalpí en el marco del “sistema de concentración, sometimiento y disciplinamiento de las comunidades indígenas” de las denominadas Reducciones de Indios. En ese sentido, anticipó que su presentación buscaba reconstruir ese sistema a partir de dos ejes: “el adentro y el afuera”. Dicha reconstrucción fue sustentada con documentación de la época elaborada por el propio Estado -que se proyectó mediante imágenes durante el juicio.
Los primeros documentos presentados evidencian, según el investigador, que la masacre fue un hecho planificado, con una logística que había comenzado por lo menos 2 meses antes del 19 de julio. Uno de ellos es un pago de la Gobernación del Territorio del Chaco a la Administración de la Reducción Napalpí en concepto de las mercaderías proveídas al personal de tropa y policía montada destacada apostada desde mayo en las inmediaciones de la reducción, y el otro es un listado de 35 oficiales del Regimiento de Gendarmería de Línea que llegaron a Napalpí dos días antes de la masacre. En este momento el fiscal Carniel interrumpió la alocución del testigo para pedirle una aclaración acerca de cómo era posible hablar de la presencia de Gendarmería cuando esta se creó recién en 1938, a lo que Musante respondió que el cuerpo armado que tuvo intervención fue el Regimiento Primero de Gendarmería de Línea, que respondía al Estado Mayor del Ejército.
Seguidamente exhibió seis documentos: el reglamento para el Personal de Reducciones y para los indígenas en Reducciones, una planilla de los trabajadores de la administración de la reducción, una foto de 1936 titulada “Población escolar sin escuela nacional en El Aguará”, planillas y vales de pago y un listado de indígenas donde consta el motivo de su expulsión de la reducción. Cada una de las pruebas documentales por separado, y todas en conjunto permitieron exhibir las características del funcionamiento de la reducción: la explotación laboral a la que eran sometidos los indígenas, la falta de libertad, la arbitrariedad en el establecimiento de las reglas, el incumplimiento de la provisión de instrucción a lxs niñxs (objetivo que se esgrimía como fundamental en la justificación de la creación de reducciones), y el ejercicio rutinario y normalizado de múltiples violencias como modo de disciplinamiento. La exposición de estos aspectos se reforzó con las preguntas que la Fiscalía y la querella realizaron, que se dirigían a precisar cuestiones en torno a la libertad de movimiento y de ingreso a la reducción, y a los beneficiarios de la explotación laboral a las comunidades indígenas.
Nicolás Iñigo Carrera: Un análisis de la coacción económica y extraeconómica en la región chaqueña
El historiador Nicolás Iñigo Carrera, autor de “Indígenas y fronteras. Campañas militares y clase obrera. Chaco, 1870-1930” fue el segundo testigo de contexto en prestar declaración en esta audiencia. Su acercamiento a la temática se debió, como lo expresó él mismo, por un “análisis de un sistema productivo [el capitalismo] y un tema más general vinculado a la coacción económica y extraeconómica” en el territorio del Chaco. Comenzó su alocución destacando los dos aspectos en que los que consideraba que podía aportar como testigo: por un lado, la explicación de las características de la colonización e introducción del capitalismo en la región chaqueña y la incorporación forzosa de los indígenas a regímenes de explotación laboral; y por otro, “como se recordaba, o mejor dicho, no se recordaba la masacre en la comunidad”.
En primer lugar expuso de qué manera la reorientación del sistema productivo hacia el algodón afectó a las comunidades indígenas. Las reducciones supusieron una manera de mantener en situación de disponibilidad a una ingente cantidad de personas como mano de obra barata para la recolección; Iñigo afirmó “era la familia completa la que trabaja en la cosecha”. Continuó explicando que, frente al reclamo de los colonos por la falta de brazos indígenas que migraban estacionalmente a la zafra en Salta, el gobierno prohibió la salida de éstos del Territorio Nacional. Simultáneamente se dejó de comprar el algodón producido por los habitantes de la Reducción y se suprimió un campo de caza. Ante esta situación los indígenas salieron de la reducción para reclamar.
El historiador afirmó que durante los meses anteriores a la masacre “el gobernador va a negociar lo que él llama una huelga, (…) hace una serie de promesas que no cumple con lo cual la movilización se potencia, entonces el gobernador apela a un término, que a mi generación le resulta familiar (…) dice que eso que empezó como una huelga normal, ha adoptado caracteres subversivos”.
Luego de relatar los hechos de la masacre, el testigo se refirió a su visita a la zona donde había sido la masacre, en el año 1970, en la que observó que “nadie quería hablar del tema, que se hablaba en voz baja o no se hablaba”, lo que daba cuenta de que el miedo continuaba presente en las comunidades.
Concluyó diciendo que “a pesar de que lo que ocurre en Napalpí tiene su gran especificidad, no es ajeno a otros hechos que se produjeron para la misma época, y que también fueron masacres: la huelga de la Patagonia, la huelga de la Forestal y […] la semana de enero de 1919 en Buenos Aires”, emblemas de la violencia contra población trabajadora.
Lena Dávila Da Rosa: “Estas fuentes no dejan dudas sobre los hechos”
La tercera declaración fue la de la antropóloga Lena Davila da Rosa, a quien la Fiscalía llamó en razón de su trabajo acerca de Robert Lehmann Nistche, un investigador alemán que a fines del siglo XIX dirigió la sección antropológica del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Este antropólogo viajó a la Reducción de Napalpí los primeros días de Julio de 1924 para realizar una investigación de campo, permaneciendo en ella los días en que tuvo lugar la masacre.
Comenzó su exposición refiriéndose a las causas y los hechos de la masacre, enfatizando en el trato marcadamente desigual que recibían los trabajadores indígenas de la reducción y sus alrededores. Luego expuso diversas fuentes que, según la investigadora, “no dejan dudas sobre los hechos, (…) sobre la represión, sobre la persecución, el asesinato y el genocidio de los indígenas (…)”. Entre los documentos aportados para la investigación se encuentran dos que ubican claramente a Lehmann Nitsche y a su acompañante Merkle -jefe de taxidermia del Museo- como testigos directos de los sucesos vinculados a la masacre: por un lado, un telegrama del 11 de Julio de Lehmann Nistche a Luis María Torres -entonces director del Museo de La Plata- avisando que se encontraban en la Reducción; y por otro, un conjunto de 14 fotografías firmadas por el investigador alemán (que ya habían sido presentadas por Giordano en la segunda audiencia del Juicio) con fecha de julio de 1924, entre ellas, la foto del avión Chaco II donde él mismo sale representado.
Dávila da Rosa también mostró una carta enviada al mismo destinatario el 20 de julio, refiriéndose a “los acontecimientos que usted conoce por los diarios”, los cuales, según el antropólogo, “poco influenciaron en nuestra tarea”, por lo que prolongarían su estancia allí. Una vez retornados Lehman Nitsche y su acompañante a Buenos Aires, se produjo una serie de intercambios epistolares entre el primero y Lynch Arribálzaga -ex administrador de la Reducción- acerca de lo sucedido en la masacre. En esta correspondencia, afirmó Lena, se “manifiesta explícitamente la situación de violencia vivida por los pobladores indígenas del Chaco y además el hecho de que [la seguridad de] un hombre como Lynch, que formaba parte de la clase alta de Argentina, peligrara, evidencia la aún más extrema situación vivida por los indígenas que no contaba ni con los recursos económicos ni con el grado de amparo que podía llegar a obtener un hombre como Lynch”. Por último, repuso la edición especial de 1925 de El Heraldo del Norte sobre la masacre; los debates suscitados en el Congreso de la Nación entre 1924-1925 en torno a la creación y labor de la Comisión Investigadora por los delitos de la masacre; y la correspondencia entre Lynch Arribálzaga y el diputado socialista Pérez Leiróz. Con todas estas fuentes la testigo buscó reforzar y ampliar sus observaciones anteriores.
Finalmente la investigadora propuso que la documentación debía estar en manos de las comunidades indígenas “que son quienes tienen que tenerlas”, pedido que la Fiscalía recepcionó y se comprometió a tener en cuenta para elaborar el documento final de los alegatos.
Alejandro Gustavo Daniel Covello: El Chaco 2 y el “sofocamiento de la última asonada índigena”
La cuarta declaración estuvo a cargo de Alejandro Gustavo Daniel Covello. Covello es piloto y actualmente retirado de Aerolíneas Argentinas, es historiador sobre la aviación en Argentina y autor del libro “Batallas aéreas: Aviación, política y violencia argentina”, en el que hay un capítulo sobre el avión utilizado en Napalpí, así como sobre sus tripulantes. Su testimonio también estuvo presente durante la investigación preliminar de la causa, por lo que la Fiscalía lo requirió en esta ocasión como testigo.
Covello fue aviador militar y después civil y al estar dentro de la institución se preguntó por los momentos en los que el Estado ha utilizado “el artefacto avión”, como lo llama en su declaración, en ataques a la población civil. En su investigación encontró que Napalpí fue el primer escenario en el que el Estado utilizó el avión con armamento de guerra contra el propio territorio y habitantes. Covello hizo un paralelismo al mencionar que fueron los países europeos con sus colonias los que realizaron acciones similares.
El testimonio de Covello comenzó describiendo un mural sobre la masacre de Napalpí ubicado en el Centro Comunitario de Colonia Aborigen. Mencionó la avioneta que sobrevuela, en donde se ve un copiloto que está arrojando algo. A partir de la observación de este avión, comenzó a buscar su existencia en diferentes archivos, hasta que finalmente encontró que en 1923 el Ejército donó un avión al Aeroclub de Chaco, así como la denominación del avión llamado “Chaco 2”. Mostró algunas fotografías en las cuales se puede ver que fue una misión civil con un militar como piloto, el Sargento Esquivel, y un estadounidense, Juan Browiz, quien fue el copiloto. Al finalizar su testimonio presentó una carta que Juan Chico le mostró, actualmente en el Archivo General de Chaco, en donde el gobernador Centeno felicita y agradece al presidente del AeroClub de Chaco por su participación en el “sofocamiento de la última asonada indígena”.
El objetivo de Covello al testimoniar es poder llegar a la verdad, ya que por casi 100 años “hubo un intento de olvido y omisión” y considera que se debe integrar también dentro de la educación de los aviadores, tanto civiles como militares.
Mariana Nazar y Alejandra Aragón: Los archivos como herramientas de justicia
La quinta declaración fue la de Mariana Nazar y la séptima la de Alejandra Aragón, como ambas trabajaron en equipo en el Archivo General de la Nación (AGN) sus declaraciones se complementan. Tanto Nazar como Aragón son archivistas que participaron en el proceso de recopilación de documentos para la investigación preliminar de esta causa. Las dos investigadoras trabajaron con un equipo para poder recopilar el material, por esto la presentación se dividió en dos. Mariana Nazar presentó las razones por las cuales los archivos estatales deben ser mantenidos y consultados como espacios para la búsqueda y cumplimiento de verdad y justicia en especial para las comunidades que han sido históricamente vulneradas, además de presentar el contexto archivístico de donde surgieron los documentos encontrados, los cuales fueron presentados por Alejandra Aragón.
Los archivos estatales y en específico el AGN preserva fondos documentales institucionales, es decir los documentos que cada institución produce en una época específica. Conservar también la forma en la que estos documentos fueron guardados y organizados por la institución de origen puede dar cuenta también de las estructuras represivas del que ese espacio formaba parte. En este sentido los archivos tienen una triple función social: permite que esos documentos puedan ser fuente para la historia; que sean fuente de la memoria de las instituciones productoras y finalmente la garantía en el ejercicio de derechos. El AGN proporcionó documentos producidos por el Ministerio del Interior, ya que una de las funciones que tenía era su vinculación con los gobiernos y la policía de los territorios nacionales. Algunos de estos documentos son memorias del Ministerio del Interior de 1923 a 1925; informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (1911-1930) y los legajos de personal policial, así como los correspondientes al gobernador Fernando Centeno y al secretario Pedro Outes. Conocer estos documentos permite pensar cómo el Estado consideraba a las reducciones dentro de su estructura, en este caso la reducción de Napalpí estaba en manos del Departamento de Agricultura. En el Congreso se solicitaron dos comisiones investigadoras de lo sucedido, mismas que fueron mencionadas por Lena Dávila, para dar cuenta de esto también se integraron documentos referidos a las solicitudes, que permite ver cómo hubo una acción sistemática en el ocultamiento de la masacre. La presentación de Mariana tuvo otra característica, fue un espacio para pensar la importancia de la conservación de la organización de los archivos desde la institución de origen, es decir mantener esta estructura permite también entender el contexto y los diversos objetivos por los que fueron producidos, lo cual también aporta a desentrañar las formas de violencia.
Alejandra Aragón fue la última en presentar testimonio y complementó lo dicho por Nazar presentando los documentos encontrados e integrados en la causa. Ella es archivista, trabajadora del AGN del Departamento Archivo Intermedio y fue parte del equipo que buscó dentro de los documentos del Ministerio del Interior. La pregunta giró en torno a la reconstrucción histórica de lo sucedido a partir del material encontrado en el 2014 cuando la Fiscalía del Chaco inició la investigación preliminar, así se recuperaron 700 paquetes del Ministerio del Interior de los años 1910 a 1935 (aproximadamente), de estos documentos se seleccionaron 100. El rescate de información se dividió en dos. Por una parte se encontraron datos sobre los policías del territorio y por otra parte se encontraron documentos que describen las condiciones de vida. Si bien comentó sobre el faltante que existe sobre la documentación sobre la masacre que en algún momento se envió al Congreso para las comisiones investigadoras, Aragón hizo notar la importancia de los documentos hallados para entender la vida en las reducciones y las condiciones que quienes la habitaban tenían que pasar, y para visibilizar cómo el Estado y la población civil se vinculaban con las comunidades indígenas. Por esto, Aragón comenta que hay información suficiente para probar tres hechos, para esto leyó fragmentos de algunos documentos: 1) La reducción nunca pudo sostenerse ni sostener la vida de quienes la habitaban; 2) Las condiciones de vida de los indígenas eran malas y 3) La vida de los indígenas era pacífica, lo cual contrasta con los argumentos surgidos después de la masacre en donde hablaban de justificar la violencia.
El testimonio de ambas archivistas fue de suma importancia no sólo en lo referido a los documentos encontrados, sino también como una exigencia dentro del propio Estado para revisar las políticas de archivos y de organización de éstos, una causa en la que Mariana Nazar ha trabajado durante toda su carrera.
Carlos Arturo Salamanca Villamizar: El territorio como narrador de violencia
Carlos Salamanca fue el sexto en declarar, es arquitecto y antropólogo, fue consultor antropólogo en Colonia Aborigen Chaco, experiencia de la cual surgió el artículo llamado “Revisitando Napalpí: Por una antropología dialógica de la acción social y la violencia”[3]. Fue para este trabajo realizado entre el 2005 y 2010 que pudo tomar diferentes testimonios que dan cuenta de las consecuencias que la violencia tiene en la transformación del territorio y al mismo tiempo cómo estos cambios generan nuevas formas de violencia.
Su testimonio se dividió en dos. La primera parte estuvo integrada por su experiencia como consultor antropólogo y la segunda sobre sus conclusiones sobre la transformación del espacio. Las preguntas sobre el territorio siempre estuvieron acompañadas de la pregunta sobre la identidad, la cual estaba relacionada con la masacre. Al hacer la pregunta sobre la masacre, la descripción no se quedaba en julio de 1924, se extendía a un momento anterior y posterior, lo que lleva a pensar la “heterogeneidad de violencias”, que tiene como común denominador la violencia colonial, “Napalpí es el lugar de quienes han sido vencidos y terminan siendo reducidos”. Después de la masacre el refugio fue el monte, como se ha comentado en otros testimonios, pero también fue la llegada a las chacras y la plantación, la única forma de sobrevivir, pero al mismo tiempo el único lugar autorizado para los indígenas en el Chaco en construcción, con lo cual la violencia en el territorio continuó, sumándole a esto la forma en la que también entre las generaciones más grandes dejaron de hablar la lengua materna, llevando a pensar cómo también la violencia se encuentra en ese territorio intangible que es la lengua.
En este trabajo pudo colaborar con Juan Chico, con quien concluyó que la identidad no sólo estaba atrás en el pasado, sino adelante en el futuro, a inicios de los dos mil comenzaba a construirse una urgencia por hablar públicamente de esas violencias para reconfigurar el presente. En este sentido es importante relacionar este testimonio con el de Nicolás íñigo Carreras y los diferentes momentos de escucha y enunciación de los testimonios, ya que cuando Carreras visitó el lugar en los setenta nadie quería hablar del tema y en caso de hacerlo lo hacían nombrando a los dirigentes del momento como los culpables de “llevarlos a la rebelión”. Retomando las formas de recordar, Salamanca cerró su testimonio haciendo notar que tanto la ex-ESMA como la reducción, fueron espacios de violencia que devienen en sitios de memoria y lugares de “elocución”, en donde se visibiliza, en el caso específico de Napalpí, que el despojo fue parte de la construcción del Estado argentino.
Finalizando la primera de dos audiencias en Buenos Aires
A lo largo de la audiencia, a través de las intervenciones de los testigos y las preguntas de la Fiscalía y la querella, se llegó a presentar un panorama considerablemente acabado de la violencia económica, física y simbólica que vivían los indígenas a partir del sistema de reducciones, no solo por las condiciones que generaba en su interior sino también fuera de ella. Quedaron explicitadas las motivaciones económicas e ideológicas que sustentaron la creación de esos espacios, así como también los objetivos de la concentración indígena en El Aguará.
A su vez, se repuso la presencia de Lehmann Nitsche en los días previos y posteriores a la masacre, y la actuación del avión del AeroClub Chaco, recomponiendo de esta manera el accionar de algunos elementos civiles durante y en relación a este crimen.
Por último, pero no menos importante, algunos de los investigadores repusieron también las consecuencias de largo plazo que implicó la masacre en las comunidades, entre las que se destacaron el silencio, el miedo y la pérdida de la identidad y el territorio. El tema de la marca entre la identidad, el territorio y la violencia ha conectado a las audiencias entre sí, en cada una ha sido escuchado desde distintas perspectiva, pero en este caso puede relacionarse de manera directa con lo expuesto por las y los testigos en audiencias previas, en donde la mayoría de las y los investigadores qom o moqoit han iniciado la reconstrucción a partir de la pregunta sobre su identidad. Así el pensar esta relación como un aspecto fundamental dentro del proceso del juicio, permite también hacer explícita la importancia de la presencia de las y los familiares-testigos; las y los investigadores y el papel de los archivos en la búsqueda de verdad y justicia.