Según el informe del Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP casi tres millones de hogares salieron de esa condición gracias a los programas de asistencia desplegados por la administración actual del Estado Nacional y al congelamiento tarifario.
El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP) consignó en su primer documento de trabajo un ostensible descenso en el índice que releva la pobreza energética y la indigencia energética en Argentina.
Existen diversas definiciones en torno al concepto de Pobreza Energética y también distintos aspectos metodológicos que deben apuntalarse para su medición. El OSP aclara, sobre ello, que publicará regularmente informes elaborados en base a una canasta energética y que tendrán como guía la definición adoptada en el documento Energy Poverty Handbook – 2016 según el cual “un hogar sufre de Pobreza Energética (PE) si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (régimen de calefacción adecuada), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si afectan al 20% de los ingresos, entonces el hogar pasa a estar en situación de Indigencia Energética (IE)”.
En 2020, la cantidad de hogares con Pobreza Energética cayó: los deciles 2 y 3 se ubican debajo del límite inferior (10%) de los ingresos. Y de modo convergente los hogares del decil 1 tienen el mismo comportamiento: descienden y dejan de estar en condiciones de Indigencia Energética”, señaló el informe del OSP-UNLP. Y concluye que “esa disminución ostensible de los tres deciles está vinculada al rol de los programas de asistencia desplegados por la administración del Estado nacional y al congelamiento tarifario”.
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El informe del OSP establece que “las y los argentinos tienen derecho a habitar una vivienda digna, con acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y el gas natural, ambos necesarios para garantizar las condiciones de habitabilidad de los hogares”. En este sentido, recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al opinar sobre el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (incorporado a la Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22) sostiene que “los estados partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso (…)”.
Así, el Observatorio de la UNLP hace hincapié en las estimaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sobre Pobreza Energética, las cuales muestran que aproximadamente 3 millones de hogares -alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas- cayeron en la pobreza e indigencia energética entre los años 2016 y 2019. “Al trazar la comparación con 2015, el incremento fue del 220%, lo que representa que desde entonces 2.939.000 hogares más entraron en esas condiciones”.
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La situación de salida de ese flagelo, lo que implica una mejora para casi 9 millones de personas se da a partir de 2020 debido a las políticas aplicadas a la actual administración estatal. Ello, teniendo en cuenta que “la combinación entre las dificultades económicas de las familias producto de la afectación del trabajo por la pandemia y la lógica merma en su poder adquisitivo” constituyeron “un factor catalizador para el cuadro de situación crítica de la economía”.
Sobre el rol de los servicios públicos, el OSP-UNLP refiere al Fallo de la Corte Suprema de 2016 indicando que allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que “es obligación del Estado garantizar en condiciones justas, razonables y asequibles el acceso a los servicios públicos esenciales para el conjunto de la población”. Y define: “Esa perspectiva que comprende al acceso, el uso y goce de los servicios públicos como derechos sociales es un puntal epistemológico fundamental para los análisis del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata”.
Respecto a las decisiones en materia de nuevos cuadros tarifarios tomadas por el Gobierno nacional indica como “un hecho insoslayable” las recomendaciones de las auditorías efectuadas por las intervenciones del ENARGAS y ENRE para “declarar la nulidad de las Revisiones Tarifarias Integrales correspondientes al quinquenio 2017-2022”. En este punto, afirma que las RTI llevadas a cabo durante la administración Cambiemos afectaron al conjunto de la población, pero “particularmente a los sectores ubicados en los deciles de menores ingresos, cuyo derecho a la vivienda digna, dotada de servicios públicos que posibilitan la vida, fue vulnerado con esas medidas”.
