Por Pilar Medina-Prosecretaria de Derechos Humanos de la FaHCE
Alegatos de apertura y reproducción de los registros audiovisuales del historiador Qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Valquinta y Rosa Grilo.
El Juicio por la Verdad por los hechos cometidos en la conocida como Masacre de Napalpí, comenzó el día 19 de abril, fecha en que se conmemora el “Día del Aborigen Americano” por la realización del 1er Congreso Indigenista Interamericano en México en 1940, donde los Estados Americanos suscribieron el Documento de Pátzcuaro. El escenario del tribunal fue recreado en el auditorio de la Casa de las Culturas de Resistencia.
La primera audiencia de la causa comenzó con el alegato de apertura de parte de la fiscalía. Adelantaron que buscan demostrar cómo se sucedieron los hechos, en qué contexto se llevaron a cabo, quiénes fueron las víctimas y quiénes los responsables directos o indirectos de este genocidio. En este sentido y a partir del análisis inicial de los hechos históricos aquí tratados, con este proceso de reconstrucción se busca encuadrarlos como delito de lesa humanidad. La fiscalía explicó que se trata de ejercer la memoria colectiva y de garantizar el derecho a la propia historia; “entendemos como necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica (…) para establecer cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas y sociales, para demostrar el carácter sistémico y señalar a quiénes han favorecido y quienes se han beneficiado estos hechos de violencia, para que se conozca el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a la víctimas”.
“El objetivo es que las víctimas tengan derecho a la verdad, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos para delitos de lesa humanidad. Es además un aporte a la no repetición y a una sentencia que imponga medidas de reparación simbólica”, dijo el fiscal Diego Vigay en una entrevista para la prensa. “Napalpí fue siempre un tema tabú para las familias y los testigos se mantenían en silencio. No dimensionan el valor histórico de esos testimonios” sostuvo Vigay. La fiscalía remarcó que los Juicios por la Verdad, el procedimiento elegido para llevar adelante la causa, tiene origen en la necesidad durante los años ‘90 de retomar las investigaciones por los crímenes cometidos por el estado durante la última dictadura militar para esclarecer lo sucedido.
La fiscalía explicó que, para darle sustento a su posición, recurrirá a pruebas documentales, registros fílmicos y testimoniales producidos durante varios años por las comunidades y diversos investigadores. Reconstruyeron brevemente los hechos que buscarán demostrar en esta causa: en el aguará Napalpí se concentraban aproximadamente 1000 personas indígenas de las etnias qom y moqoit y peones correntinos en tolderías a modo de campamento. El 19 de julio, con apoyo de logística aérea, se perpetró la masacre con armas de fuego en la que fueron asesinadas alrededor de 300 personas; posteriormente continuaron con una cruel persecución. El ataque se justificó haciéndolo pasar como una represión contra “indios sublevados” o como un enfrentamiento entre distintas etnias. Existió además un proceso judicial en el que solo declararon miembros de las fuerzas policiales. La estrategia estatal fue el ocultamiento y silenciamiento sistemático. “Por eso esto es un hecho histórico, que servirá para fijar una posición oficial acallada durante estos años, pero que a su vez implora a gritos la necesidad de una reivindicación hacia quienes perdieron su vida por la salvaje decisión de quienes en esa época ostentaban el poder real en nuestro país” afirmó la fiscalía.
Le siguió el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia de Chaco. Esta querella señaló antes de comenzar el esfuerzo de las 39 naciones de pueblos originarios que viajaron para acompañar el juicio. Recuperaron, a lo largo de su presentación, cuál es la finalidad del juicio, cuáles son los hechos objetos de este juicio, por qué se trata de una causa de lesa humanidad y cuáles son las pruebas de las que se van a valer para probar su teoría del caso. “Siempre siguiendo los principios de Memoria, Verdad y Justicia que ya son política de estado en nuestra provincia” sostuvo el querellante. Consideró además que la metodología de Juicio por la Verdad tiene como objetivo que el paso del tiempo no se torne sinónimo de impunidad. En este sentido, enmarcó la masacre de Napalpí en un proceso más amplio de ocupación territorial y sometimiento de los pueblos originarios: las tierras usurpadas fueron entregadas a colonos y empresarios para explotar el algodón y el quebracho obligando a las comunidades indígenas a trabajar allí.
A continuación, fue el Instituto del Aborigen Chaqueño la querella que brindó su alegato de apertura. Insistió en encuadrar los hechos como delitos de lesa humanidad y consideró fundamental que se lleve adelante este proceso de reconstrucción de Memoria, Verdad y Justicia. “El derecho a la verdad es el fundamento del Juicio por la Verdad y su satisfacción conlleva necesariamente deberes del Estado: investigar y esclarecer los hechos, individualizar a los responsables por los mismos y difundir públicamente dicha información” sostuvo el querellante.
Luego de los alegatos, la audiencia continuó con la exposición audiovisual del testimonio de Perdo Valquinta, de la etnia moqoit, sobreviviente de la masacre de Napalpí y de la del Zapallar ocurrida años después. Esta declaración fue recabada el 18 de junio de 2014, en la zona rural de Charata por el fiscal Vigay, junto a Juan Chico y personal del DCEA. El testimonio de Pedro se basó en un relato de la represión y los asesinatos por parte de la policía a los trabajadores de la reducción desde la perspectiva de un niño de 10 o 12 años: “hay gente que mataron, por eso le dicen Napalpí” (que significa cementerio). El testimoniante explicó que los acusaban de no querer trabajar, de luchar y llevar armas, pero la violencia fue ejercida hacia ellos.
El siguiente testimonio expuesto fue el de Rosa Grilo, quien tiene 114 años y es sobreviviente de la masacre, sus manos son el fondo de pantalla de las audiencias. Su declaración fue tomada en noviembre de 2018 en la zona rural de Machagai, donde aún reside, ante el fiscal Diego Vigay, el secretario Walter Romero y Juan Chico, quien ofició como traductor. Se pasó este testimonio registrado pero se espera que, de acuerdo a sus condiciones de salud, pueda volver a testimoniar de manera presencial. “No me quiero acordar, son cosas tristes que me hacen doler” comenzó afirmando Rosa. Sus padres fueron asesinados, al igual que muchas otras familias, y ella logró escapar con sus abuelos. “Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla”, dijo la testimoniante. Su relato fue central para confirmar la presencia de una avioneta en el lugar de los hechos y la premeditación de los ejecutores de la matanza quienes arrojaron golosinas desde la misma para luego asesinar a quienes se acercaban a recogerlas.
Finalmente se proyectó una entrevista realizada al historiador qom Juan Chico, autor de los libros La voz de la Sangre y Las voces de Napalpí en dónde, junto a otros investigadores indígenas, recopilaron y reconstruyeron minuciosamente lo sucedido en Napalpí. Tal como expresó el fiscal Vigay, Juan iba a ser uno de los testigos más importantes de este juicio pero lamentablemente, falleció en 2021 por complicaciones derivadas de un cuadro de Covid-19. “La memoria oral vino de a poco pidiendo paso, permiso, y en el caso de Napalpí jugó y sigue jugando un rol clave”, señaló Chico, “está este otro archivo que son nuestros viejos”. Se pudo ir más allá de lo que narraba la historiografía oficial pero Chico hace hincapié citando a Benjamin en que “todo documento es documento de verdad (…) Ninguno de los dos se tiene que descartar, son verdades contadas desde diferentes lugares donde las vivieron”. Y advirtió: “Nosotros sabemos que la masacre ocurrió, el tema es cómo probarlo ante la justicia”.
En otro tramo de la entrevista Chico se refirió a las continuidades respecto al tratamiento de los pueblos indígenas en la Argentina y a la necesidad de reparar el daño provocado por esa mirada negativa, por los estereotipos. “La situación indígena en la Argentina es estructural. Así como hubo una decisión política, una cuestión de Estado con el intento de exterminio de los pueblos indígenas, solamente una decisión de esa envergadura puede intentar reparar el daño”, señaló. En ese sentido, consideró que “el proceso de genocidio y exterminio de los pueblos indígenas fue una cuestión de Estado, que atravesó los gobiernos de turno y los partidos políticos. Porque la Masacre de Napalpí ocurre en un gobierno radical, la del Zapallar en la Década Infame, la de Rincón Bomba ocurre en el gobierno de Perón. Es decir, atraviesa lo partidario, entonces también estos partidos políticos que mucha de nuestra gente se identifica con los partidos tradicionales, también debe hacer una autocrítica, que la cuestión indígena atraviesa eso”.