Por Gabriela Calotti – Programa de Apoyo a Juicios
Masacre de Napalpí en busca de memoria, verdad y justicia un siglo después
Pese a que la Constitución de 1853 establecía el derecho a la libre circulación de las personas, los aborígenes asentados en las tierras fértiles de la llamada Reducción de Napalpí, en el centro del entonces territorio nacional del Gran Chaco, tenían prohibido salir de sus límites, pues así lo reclamaban al gobernador Fernando Centeno los empresarios y colonos que los hacían trabajar en la cosecha de algodón y en los quebrachales en condiciones de esclavitud. El objetivo era apropiarse de sus tierras, vendidas luego a renombradas familias de la oligarquía argentina y también en Europa.
Ya desde aquellos tiempos, la prensa aliada de la clase dominante instalaba el concepto de “los pueblos originarios como enemigos internos”. El sistema educativo impuesto a los pueblos qom y moqoit (mocoví) no sólo les impedía hablar en su lengua y castellanizarlos a toda costa sino que los formaba únicamente para trabajar en los oficios más duros y pesados…..
Ese contexto fue el caldo de cultivo de las protestas que cientos de aborígenes qom y mocovíes protagonizaron entre junio y julio de 1924 y que culminó en la Masacre de Napalpí, perpetrada por fuerzas policiales el 19 de julio de ese año. La Fiscalía Federal de Chaco afirma que más de un centenar de integrantes de las comunidades indígenas Qom y Moqoit fueron asesinados en la Masacre de Napalpí. El Ministerio Público Fiscal califica lo ocurrido como homicidio agravado por ensañamiento, caracterizado como delitos de lesa humanidad.
Según afirmaron varios testigos de contexto, historiadores e investigadores, que declararon en la tercera audiencia que tuvo lugar el miércoles 27 de abril en la Casa de las Culturas de Resistencia, ante la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal Nº1 de Resistencia, a cargo del expediente 9846/2019 caratulado “Masacre de Napalpí-Juicio por la Verdad”.
“Mi mamá me contó que antes de la reducción (nldr: núcleo de población en el que se agrupaba a indígenas dispersos, con fines evangelizadores y de asimilación cultural, según el diccionario de la Real Academia Española) ya estaban ellos, con su familia, su madre y su padre. Vivían en las tolderías. Trabajaban recolectando algarrobo, comían las frutas del campo, cazaban, pescaban. Así vivían. Cuando se creó la reducción, cambió. Trabajaban en la agricultura, recolectaban algodón y vendían en la administración y pagaban poco”, declaró a la Fiscalía el 17 de noviembre de 2014 Mario Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, sobreviviente de la Masacre de Napalpí que falleció en 2008.
Los habitantes de una Reducción eran también llamados los “reducidos”.
Según la lectura de ese testimonio, Irigoyen explicño también que “les pagaban con algo de plata, después con bonos, mercadería y ropas viejas (…) por ejemplo polenta de harina de maiz que venía con gorgojos, pero como la necesidad era grande, se cocinaba igual”.
“Ahí empezaron los conflictos porque empezaron a reclamar. Pedían una buena paga para los tres pueblos (Tobas, Moqoit y Vilelas) y también para un grupo de criollos que había. Hicieron un campamento. Se juntaron para hacer un reclamo a los administradores” a quienes les “pedían que les pague con plata y para que valga más la producción”, teniendo en cuenta que el precioo de los troncos de quebracho y del algodón “lo ponía el que administraba la colonia”.
Su madre, falleció a los 107 años de edad. En el momento de la masacre tenía 24 años. Ella le contó que en los días previos a aquel 19 de julio “un avión recorría” la zona mientras se agrupaba “un ejército de policías” a unos 200 metros de la toldería. Aquel día, a las 8 de la mañana, el cacique quería dialogar pero un jefe “a bordo de un jeep y enarb
olando primero la bandera argentina y luego una bandera roja” ordenó que les dispararan. “Cayeron muchas gentes, ancianos, ancianas, hasta niños, jóvenes y mujeres embarazadas. Los que podían escapaban hacia el monte. Mataron a como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. Mi madre y su familia se salvaron porque corrieron al monte y se escondieron en el pastizal”, contó Mario antes de lamentar, tal como le había contado Melitona que los blancos “le jugaron (una pasada) a mi pueblo. No le dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos. Bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia que no quiero ni hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeo. Todo esto me contaron mis padres”, sostuvo en su testimonio leído en esta audiencia por el secretario del Tribunal.
“¿Sabe de la existencia de tumbas o fosas en el lugar?” le preguntó entonces la Fiscalía. “Sí, todavía existen (…) Los que conocen bien son los de la zona de la matanza”, repondió Mario Irigoyen.
Rosa Delgado era hija de Rosa Chará, otra sobreviviente de la Masacre de Napalpí que también declaró ante el Ministerio Público el 17 de noviembre de 2014.
Su madre le contó que ella, por entonces de 11 años de edad, y su familia vivían en la zona antes de que se creara la reducción. “Tenían su chacrita y sus animalitos”, aseguró. Toda la familia era obligada a trabajar en la reducción. “Los criollos, los blancos, les pagaban con ropa usada. Plata no veían nunca. Los tenían como esclavos”.
“¿Qué le contaba su madre sobre la Masacre de Napalpí?”, le preguntó la Fiscalía aquel día. “Ella me decía que era porque los blancos se querían apropiar de sus tierras. Los caciques hicieron un reclamo. Se levantó una toldería para defender a toda la comunidad aborigen de los gringos (…) Apareció un avión que daba vueltas y les tiraba caramelos. La gente se amontonó para agarrar y aprovechaban para dispararles”, relató.
“Mataron a muchísimos. Mujeres, ancianos, niños”, contó. Su padrastro y su tio fueron tomados como rehenes y los obligaron a cavar un pozo para enterrar a los cadáveres (…) En las fosas enterraban a niños, mujeres y hombres asesinados de las etnias tobas, moqovies y tambien a los criollos”, contó Rosa.
Aquel día fueron asesinados unos “450 aborígenes y algunos criollos”, aseguró, antes de indicar que todos los pobladores de la zona “saben donde está” la fosa.
Con la lectura de esos dos testimonios dio inicio la audiencia en presencia también de los abogados de la Fiscalía Federal, Federico Carniel y Diego Vigay: de la secretaria de Derechos Humanos y Género del Chaco, María Silvana Pérez y del abogado patrocinador Duilio Ramírez y del abogado del Instituto del Aborigen chaqueño, Emiliano Nuñez.
Aunque este juicio no tendrá consecuencias penales, su objetivo es reconstruir lo ocurrido, afirmó la jueza Niremperger.
Lo que cuenta la historia… la prensa cómplice
Los testigos de contexto que declararon durante la presente audiencia, historiadores, investigadores y un periodista, coincidieron en afirmar que su interés en el juicio es el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia de los pueblos originarios.
Docente, escritor y ex ministro de Educación del Chaco, el profesor Neri Romero, se refirió a los documentos a los que tuvo acceso en el Archivo Histórico de su provincia que dan cuenta sobre las causas reales de la masacre.
A partir de 1911 en el Chaco, entonces Territorio Nacional, se inició un “proceso de apropiación de la tierra chaqueña. Latifundio, terratenientes y mano de obra esclava”, resumió Romero, quien precisó que “cinco millones de hectáreas fueron entregadas a 112 adjudicatarios luego de expulsar a los pueblos aborígenes” de lo que sería las actuales provincias de Chaco y Formosa.
Los terratenientes fueron los beneficiarios directos de la llamda “Campaña de Pacificación”, explicó, antes de precisar que la reducción de Napalpí se fundó el 2 de noviembre de 1911 como “campo de disciplinamiento forzado con mano de obra esclava”.
Las causas de la huelga pacífica que en 1924 llevan adelante los aborígenes se debía, indicó, a la prohibición de salir del territorio del Chaco. Las autoridades políticas actuaban en función de lo que pedían los colonos y los empresarios dedicados al cultivo del algodón.
“Querían evitar que se fueran a trabajar a los ingenios y quedarse sin mano de obra barata”, aseguró. Querían evitar la “falta de brazos” como definiría el diario La Voz del Chaco, en clara defensa de los intereses de los latifundistas.
Si bien el malestar venía “incubándose hace tiempo” –explicó- los reclamos se hicieron más fuertes cuando la administración de Napalpí decidió sacarles además de lo que les quitaban por herramientas, fletes y arreglos en la Reducción, un 15% suplementario.
“Los indígenas reclamaban por mejores y más justas condiciones laborales, pero no tenían pensado atacar a los colonos o empresarios”, aseguró Romero antes de referirse con varios ejemplos a la “construcción político-periodística sobre la supuesta ‘amenaza del malón’”
. Pues el 18 de junio colonos de localidades cercanas pidieron armas para defenderse con el argumento de que iban a ser atacados por los indígenas. Ya entonces el diario La Nación hablaba del “odio” entre indígenas y colonos blancos. Era el mismo diario que en otras páginas destacaba la “oportunidad inmobiliaria, laboral y económica que ofrecía la tierra del Chaco”.
Romero citó entonces al sociólogo Marcelo Musante para quien “el rol de la prensa fue fundamental en la creación de las condiciones necesarias para la represión”.
Así, la prensa instaló la descalificación del aborigen presentándolo como el victimario y no como la víctima que era de un sistema que aplicó el “miedo social como disciplinador”.
“¿Estaba garantizado el derecho a la libre circulación que otorgaba la Constitución de 1853?”, le preguntó el abogado querellante Duilio Ramírez. “No, de ninguna manera. Porque la Reducción era un campo de concentración”, respondió tajante el profesor Romero, antes de insistir en que “los indígenas no tenían derechos” y precisar que “ocho mil prisioneros eran obligados a tareas forzadas” en distintos puntos del Gran Chaco.
Un proceso educativo funcional a la Masacre de Napalpí
Investigadora y docente universitaria nacida en la provincia de Corrientes, Teresa Artieda expresó su preocupación por el “creciente racismo” imperante en nuestra sociedad y confió en que este juicio instale “un poco de esperanza entre los pueblos indígenas y nosotros”.
Experta en temas educativos sostuvo que “el Estado nacional, a través de su política educativa desde fines del siglo XIX cuando menos y hasta la Reducción de Napalpí, ha hecho su parte en la generación de condiciones para la ocurrencia de la matanza”.
“Esta masacre no fue un acto excepcional, sino una consecuencia esperable dentro del proceso de invención de los pueblos indígenas como enemigos internos y del proceso de genocidio ejercido por este Estado”, afirmó esta estudiosa de libros de lectura escolares en los que encontró un “discurso desvalorizado, peyorativo y desembozado contra los pueblos indígenas y en particular contra el Chaco y sus pueblos”.
“En esos libros se encuentra el discurso escolar mayoritario de una matriz de pensamiento que consiste en pensar que con los pueblos indígenas se estaba frente a enemigos temibles e implacables que atacaban la familia, la propiedad, la religión católica y la patria” y agregó: “este enemigo no entendía razones, las nuestras, que eran ls únicas posibles (…) no había otro camino que aniquilarlos, pues se trataba de ellos o de nosotros”, sentenció.
La idea predominante en esos libros era que “Estado intervino para defender a los ciudadanos de bien que construían el engrandecimiento de la patria” y por ese motivo “el Ejército entró a sangre y fuego a sus guaridas. Desde ese entonces, las estancias se expandieron (…) y nuestro país entró en la senda de la prosperidad y el orden”, indicó Artieda.
Si al hablar de esa construcción de sentido Romero se refería a la prensa, aquí, Teresa Artieda lo hizo desde la educación escolar.
“La reducción es entendida como una ‘institución educadora en sí misma’. Tiene un origen de violencia porque fue conformada por indígenas que sobrevivieron a las gestas colonizadoras”, explicó y puntualizó: “el objetivo era moldear a los indígenas como trabajadores” y esto comprendía a todo el grupo familiar.
El propósito era “dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vincularse con la naturaleza, con la espiritualidad y prohibirles sus idiomas. Hecha por tierra sus modos de habitar el territorio”, afirmó sin olvidar el papel de la “castellanización” mediante métodos que “ni siquiera admitían el idioma indígena como un puente”.
Para Enrique Lynch Arribálzaga, director de la Reducción, “el idioma indígena era bárbaro y era una manifestación de la barbarie que había que eliminar”, refirió Artieda antes de subrayar el valor identitario que encierra el idioma. “Es el lugar en el que nos constituimos (…) Arrancarnos el idioma es hacernos ajenos a nosotros mismos y eso es quebrar nuestra identidad”.
La idea era “formar a la infancia para sumarla luego a la más baja categoría de la pirámide productiva. Obreros, hacheros, y no bachilleres”, según los programas escolares impulsados en el marco de un proceso educativo que “fue funcional al proceso de proletarización, de desarticulación de sus modos de vida y a la Masacre de Napalpí”.
En los libros escolares posteriores, nunca se encontró una alusión a la Masacre.
La Masacre de Napalpí como parte del “genocidio indígena”
Para Diego Alejandro Jasinsky, doctor en historia, investigador en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y escritor de “Masacre en La Forestal”, la Masacre de Napalpí “es parte del genocidio indígena”.
“La Masacre de Napalpí se comunica con otras masacres, como la de ‘La Forestal’ perpetrada en 1921 en el norte de Santa Fé, indicó Jasinky que arrancó su breve declaración mostrando una serie de láminas sobre los objetivos del “genocidio histórico contra los pueblos indígenas: exterminarlos para apoderarse de sus tierras y transformarlos para tener fuerza de trabajo barata”.
Precisó que el genocidio pudo llevarse a cabo tras el proceso de ocupación militar del “Chaco indómito” que tuvo lugar entre 1860 y 1911, que además creó el sistema de reducciones de las que Napalí era la más importante.
Tras la masacre, una primera versión difundida por Saenz Loza da cuenta de cuatro muertos. Algunas denuncias hablan de la muerte de mujeres y niños. Y los diarios La Nación. La Voz del Chaco y la Epoca informan sobre “más de una decena de muertos, mujeres y niños”.
Y aunque el Congreso recibió denuncias, rechazó la conformación de una comisión investigadora. En la justicia, las investigaciones que duraron dos meses, desembocaron en el sobreseimiento de los acusados. La causa caratulada como “Sublevación indígena” fue archivada sin que declarara ninguna víctima ni testigo calificado. En ningún momento los pueblos originarios fueron convocados por la justicia.
Un dato interesante aportado por Jasinky se refiere a los hacendados que se presentaban como simples vecinos como fue el caso de Luis Carrió. Nombrado Juez de Paz y Jefe del Registro Civil de Quitilipe, Carrió firmó el acta de defunción y tuvo “un rol fundamental como expresión de los propietarios que participan de la represión”, afirmó el investigador.
Jasinky hizo hincapié en la “complicidad de los tres poderes del Estado en el ocultamiento o negación de los hechos”
Por entonces el 70 por ciento del territorio chaqueño no estaba loteado. Hacía 1920, era el primer territorio nacional en el cultivo de algodón.
“Aborígenes“
Licenciada en Trabajo Social que desempeñó en el Archivo Provincial de la Memoria, María Gabriela Barrios indicó que en 2014 se seleccionó una caja llamada “Aborígenes” que “guardaba siete documentos que venían de la Policía provincial y de la gobernación del Chaco”.
Según ese documento aparecen “35 gendarmes con nombres completos y número de registro y el tipo de equipo y la cantidad de tiros de guerra. El total es de 2.400 tiros de guerra”, precisó.
¿Y por qué aparece con fecha de ese día ese documento? Porque se le reclamaba al gobierno de la provincia que pagara la “deuda” por el sostenimiento diario de la tropa desplegada en Napalpí “a partir del 19 de mayo de 1924 y hasta el 12 de julio” del mismo año.
Otro documento fechado el 11 de junio de 1924 se refiere a la respuesta del ministro del Interior en la que aclara que “se apersona hasta la Reducción para emitir el informe” y dice “pude advertir del parte del personal de la Reducción una actitud un tanto enconada hacia los indios” y advierte sobre una “masacre de mujeres y niños”
Un tercer documento mencionado por Barrios menciona declaraciones del comisario Roberto Saenz Loza, quien da la orden de reprimir, que habla de los “forajidos indígenas”.
La Masacre de Zapallar
Rubén Guillón, ex diputado provincial e historiador aportó documentación y un testimonio que enmarcan a la Masacre de Napalpí en un contexto violento. “Napalpí no fue un hecho aislado”, sostuvo.
La masacre perpetrada el 7 de septiembre de 1933 en la colonia del Zapallar “guarda mucha similitud, hábida cuenta de la existencia de una represión y asesinato de miembros de pueblos originarios de la etnia Moqoit por el sólo hecho de pedir alimentos y trabajo”, explicó.
Las víctimas de la masacre del Zapallar habían huido años antes de la Reducción de Napalpí. Agotados por el hambre, decidieron acampar en cercanías del Zapallar, una colonia muy pujante. Una vez más, los pobladores pidieron refuerzo policial y “al pretender ingresar al pueblo” los aborígenes “fueron recibidos salvajemente a tiros”.
Si el diario La Voz del Chaco hablaba de dos muertos, una comisión investigadora del Congreso de la Nación sostuvo que “fueron decenas”.
“Nuevamente las fosas comunes, al igual que en Napalpí, siervieron para depositar los muertos”, aseguró.
Y otra vez la prensa cómplice. En La Voz del Chaco, el título era “Otra vez los indios”.
Guillón aseguró que para luchar contra la invisibilización de nuestros pueblos originarios, desde hace unos años, un grupo de docentes de la localidad de San Martín difunden lo ocurrido hace casi 90 años en la entrada de la ciudad.
La matanza de San Antonio de Obligado y el hermano de Julio A. Roca
La masacre de San Antonio de Obligado (norte de Santa Fé) fue cometida en 1887, presagiando lo que después ocurriría en otras Reducciones aborígenes, explicó Luciano Sánchez, docente e investigador en esa provincia.
La Reducción de San Antonio de Obligado fue fundada en 1884 por autorización del entonces presidente argentino Julio Argentino Roca. Fue una de las primeras reducciones del chaco Santafesino con unos 400 indígenas y llegó a tener más de un millar.
A medida que el Estado definía como objetivos avanzar sobre los territorios originarios, crecía la militarización y de hecho muchos indígenas iban a parar al Batallón Indígena. Tras la ocupación del territorio pasaban a ser mano de obra barata en la cosecha del algodón y/o los ingenios azucareros.
Aunque hay documentos según los cuales la rebelión respondía al “excesivo rigor” del Ejército para con “los reducidos”, el hecho que desencadenó la represión fue el pedido del gobernador de Misiones, Rudencindo Roca, hermano de Julio Argentino, de pedir para sí una niña indígena. Rudencindo Roca reclutaba indígenas para trabajar en sus ingenios.
El documento más importante que da cuenta de esta masacre está fechado el 11 de marzo de 1987 en Las Toscas. Da cuenta del asesinato de 16 indígenas de la etnia Qom.
La masacre de San Antonio de Obligado también sirvió para que el Estado se adueñara de las tierras. Al fundarse esa reducción “había promesas de escrituración. Pero cuando se corre la frontera norte de Santa Fé, toda esa tierra pasa a ser de la provincia”, precisó Sánchez
La Matanza como escarmiento
Para el periodista e investigador chaqueño Pedro Solans, autor de “Crímenes en sangre”, consideró en su declaración virtual en este Juicio por la Verdad que la “masacre de Napalpí fue un hecho de escarmiento y sometimiento de la población de obreros rurales que tenían que proveer una mano de obra casi esclavizada”.
“La masacre de Napalpi fue un simbolo de poder sangriento, avasallante y ejemplificador para cualquier revuelta posterior”, afirmó Solans, el primero en entrevista a Melitona Enrique cuando casi en sus últimos años decidió contar lo que había ocurrido en Napalpí
“Nunca Napalpí tuvo rostro hasta que Miltona Enrique, la sobreviviente más conciente (…) después de 85 años de silencio y olvido, quiso hablar, rompió la desconfianza y por suerte hemos tenido su testimonio”, sostuvo. Esa fue la primera vez que “escuchamos en primera persona el horror de Napalpí”, recordó
Para Solans está claro que Centeno “hizo lo que le estaban pidiendo los productores de algodón que generaron un escenario para que se produjera la masacre. La masacre fue avalada por toda la sociedad chaqueña”, afirmó y volvió a subrayar: “El Estado representaba a toda esa sociedad que le pedía que se disciplinen a todos los trabajadores rurales del Chaco”
Solans pidió que se “repare moral, ética e identitariamente a los pueblos originarios” y mostró la carabina que su abuelo recibió en Quitilipe de manos del Ejército para defenderse, como decían del “Malón de Napalpí”.
“Ellos creían que defendían a su pueblo”, aseguró Solans que donará ese Mauser fabricado en 1909 calibre 7,65 mm al museo que lo albergue. “Esta carabina es también la que usaron los policías para masacrar a niños y mujeres”, sostuvo.
Finalmente, durante la audiencia fue exhibido el video de la entrevista que abogados de la Fiscalía Federal efectuaron el 6 de enero de 2020 a Felipa Laleqori, que mediante la ayuda de su hijo como intérprete, contó lo que se acordaba del relato de su papá sobre la Masacre de Napalpí.
Su padre logró escaparse “arrastrándose en el descampado hasta llegar al monte”. Había ido hasta esa reducción en busca de trabajo.
El juicio por la verdad por la masacre de Napalpí comenzó el 19 de abril pasado, casi 100 años después de perpetrada la matanza de trabajadores de las comunidades qom y moqoit que reclamaban condiciones de vida y de trabajo dignas.
La lucha por la reconstrucción de la masacre y su contexto político, social y económico fue llevada adelante por miembros de las comunidades en el marco de la Fundación y la Organización Napalpí a la que se sumó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco, lo que permitió abrir un inédito proceso por el derecho a la verdad, la memoria y la justicia de los pueblos originarios.
La próxima audiencia será el 3 de mayo en Machagai, levantada sobre una reducción de la etnia toba.