Cobertura a cargo de Pilar Medina, Marina Illanes y Lucía Abbattista – Prosecretaría de Derechos Humanos de la FaHCE
Con la declaración de seis testigos de contexto, el jueves 12 de mayo finalizaron las dos jornadas del juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Centro Cultural Haroldo Conti, del Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA
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Durante la audiencia escuchamos los testimonios de Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); de los investigadores e investigadoras de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton; y de Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comenzar, Silvina Turner mostró imágenes y fue reconstruyendo la primera etapa del trabajo del EAAF en la búsqueda de restos humanos en el territorio. Explicó que este sitio fue señalado como lugar de los hechos a partir de testimonios de sobrevivientes, y del hallazgo de restos humanos, pero que no fue posible hacer una demarcación exacta. En este sentido, la búsqueda realizada hasta el momento, con 18 sitios excavados, ha abarcado sólo una pequeña parte de la totalidad de la zona. Las expectativas que abren en las comunidades este tipo de búsquedas son proporcionales a las esperanzas de la restitución de los cuerpos; por esta razón Turner hizo hincapié en la importancia del Juicio para garantizar el apoyo y que el Equipo pueda encarar la segunda etapa de trabajo en el territorio, que fue interrumpida por la pandemia de COVID-19.
En segundo lugar, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman dio cuenta de sus investigaciones acerca de la Masacre de La Bomba de 1947 contra el pueblo Pilagá plasmadas en el libro Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba y la película Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio. Esto le permitió marcar similitudes y sistematicidades de las políticas estatales dirigidas a la población originaria a través del tiempo; en particular, desarrolló el funcionamiento de las reducciones más importantes explicando que estas fueron la “solución” estatal al “problema indígena”. Es así que la resistencia a ser reducidos siempre obtenía por respuesta la represión y las matanzas: “negarse a ser civilizados de la manera que el Estado proponía era rebelarse contra esos planes estatales”. Esto debe entenderse como continuidad de los testimonios de la audiencia pasada, por ejemplo el de Marcelo Musante también miembro de la Red de Investigadorxs sobre Genocidio y Política Indígena, que repuso el marco del “sistema de concentración, sometimiento y disciplinamiento de las comunidades indígenas”. Mapelman dio cuenta de diversos entramados entre el Estado, terratenientes y empresarios y aseveró que “Napalpí es parte de un proceso genocida que tiene sus consecuencias hasta nuestros días”.
Mariano Nagy, por su parte, explicó por qué es posible enmarcar lo sucedido en Napalpí en 1924 dentro del concepto de genocidio haciendo un recorrido histórico por categorías y prácticas previas a la Segunda Guerra Mundial que dieron origen al término. Al menos cuatro crímenes perpetrados por el Estado Argentino contra los pueblos originarios, llevan a la necesidad de hablar de proceso genocida: los asesinatos, las reducciones en campos de trabajo, los traslados forzosos y las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Observó asimismo estos elementos precisando el papel que jugaron en los procesos genocidas las políticas económicas de despojo y también reparando en su realización simbólica. La particularidad señalada por Nagy, en consonancia con el testimonio anterior y los siguientes, es que “si los indígenas respetaban el lugar de exclusión asignado por el Estado, podían continuar con sus vidas”. Cuando lo impugnan, la respuesta era la masacre. Es en este sentido que se cuestiona la duración del genocidio indígena en la Argentina entendiendo que la invisibilización, como rol social otorgado en ese proceso genocida constiituyente, sigue determinando las relaciones sociales actuales dando una idea de falsa pertenencia al pasado de estas identidades, una idea difusa de extinción.
Luego de un breve receso llegó el turno de la antropóloga Diana Lenton, que contó con el apoyo de un material gráfico para dar cuenta del plan de dominio territorial de la llamada Generación del 80, su discurso biologicista y el darwinismo social que rigió sus políticas, con las que, en sus palabras “dinamitaron los principios de libertad e igualdad de la Constitución”. Además, Lenton demostró que comprender este largo proceso se torna clave para entender la Masacre, porque su impunidad y su olvido son los que producen la repetición de los crímenes, la realización simbólica del genocidio. Esto fue palpable tras exponer diversas fuentes sobre la sustracción de niños y sustitución de sus identidades, la trata de personas, la separación de hombres y mujeres para evitar la reproducción del grupo, el despojo del idioma, las preocupaciones de los sectores dominantes por la rentabilidad de sus campañas militares y los discursos de odio en que se resaltaba que el único motivo para justificar la vida de los indígenas era la posibilidad de usarlos como mano de obra.
El último tramo de la audiencia se desarrolló con testimonios por videoconferencia. El primer caso fue el del antropólogo Héctor Hugo Trinchero, ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su énfasis estuvo puesto en las condiciones de vida de las reducciones indígenas en el Gran Chaco, en las medidas desplegadas por el Estado y privados para el control y la organización de los pueblos qom y moqoit como fuerza de trabajo y en las resistencias de estos pueblos contra la desestructuración de sus formas de vida. También señaló la reivindicación que la última dictadura cívico-militar planteó sobre estos crímenes y campañas.
Por último, se realizó la declaración de Eugenio Zaffaroni, que fue preguntado por la pertinencia del concepto internacional de genocidio desde el punto de vista jurídico, dio cuenta de la estrechez con la que fue concebido y expuso también sobre la revisión pendiente de la conciencia pública argentina sobre crímenes como el de Napalpí. Se cerró así una audiencia donde investigadores y docentes de la universidad pública argentina, con diversos campos de intervención, aportaron sus voces para el esclarecimiento de la Masacre, para su reconocimiento por parte del Estado y para la reivindicación de los pueblos perseguidos entonces e invisibilizados hoy.