"El avance y progreso de los pueblos, no se determina únicamente
por el grado de desarrollo científico o tecnológico,
sino mas bien por la capacidad crítica y autocrítica de sus habitantes,
así como por la libertad, igualdad y derechos humanos
que se le reconozcan a las mujeres". (Octavio Paz)
Desde la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en 1910, conmemoramos a nivel mundial el Movimiento por los Derechos de las Mujeres recordando la lucha de obreras que murieron por reclamar condiciones dignas de trabajo.
La adhesión de Naciones Unidas mediante la firma de una carta en 1945, constituye el primer acuerdo internacional en defensa de la igualdad de ambos sexos como derecho fundamental, y marca otro hito importante en el camino por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Este acuerdo es recreado también en 1975 con la declaración del “Año Internacional de la Mujer,” y con la celebración anual del Día Internacional de la Mujer.
Estas iniciativas, importantísimas, si bien han permitido conquistar algunos de nuestros derechos contenidos en la legislación vigente, no tienen un correlato en el plano político institucional que habilite el ejercicio efectivo de los mismos para todas las mujeres, cuyo límite está dado por las profundas desigualdades económicas, sociales y culturales inherentes a la organización social capitalista. Desigualdades agudizadas por las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas, que provocaron concentración de la riqueza, desempleo masivo e incremento de la pobreza, procesos dramáticos que afectaron particularmente a las mujeres.
Superar estas desigualdades exige una profunda transformación del orden social hegemónico, con políticas de Estado que reconozcan los impactos diferenciales de las distintas medidas en varones y mujeres; que erradiquen los mecanismos de discriminación y segregación social que se expresan en el ámbito laboral, donde la mayoría de las mujeres deben desempeñarse en empleos precarios y de menor calificación. Asimismo, la tradicional división de responsabilidades -muy dispar entre varones y mujeres, donde éstas últimas además de su trabajo remunerado, deben realizar el trabajo doméstico y de cuidado de niños, adultos y mayores- invisibiliza la construcción cultural del género, afectando la calidad de vida y las posibilidades de realización de las mujeres como sujetos políticos.
Frente a esta realidad, es necesario que desde la Universidad Pública reforcemos nuestro compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres. Ello exige un pronunciamiento continuo y una práctica política que fortalezca su organización para alcanzar una participación igualitaria en los cargos legislativos; en los niveles jerárquicos y de decisión en el ámbito público nacional, provincial y municipal, como así también en las entidades gremiales de trabajadores y profesionales; del poder judicial y de órganos colegiados.
También es fundamental que desde la Universidad Pública luchemos contra la violencia de género y la precarización laboral, por la legalización del aborto y el desmantelamiento de las redes de trata; y exijamos al Estado políticas activas de prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia, de la trata de personas y explotación sexual; de delitos contra la integridad sexual. En el mismo sentido, la transferencia de conocimientos producidos en la Universidad debe contribuir al diseño de políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, propiciando el cumplimiento estricto de las leyes vigentes.
Otra dimensión sustantiva y estratégica que debemos sostener como Universidad Publica es la formación de profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y en particular con los derechos de las mujeres, atendiendo sus demandas como sujetos políticos capaces de impulsar el cambio político, social y cultural que nuestros pueblos requieren.
Una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad en el tratamiento de las personas no sólo es injusta sino que pierde su potencial de desarrollo. Sólo en la medida en que disminuyan, hasta desaparecer, las discriminaciones de género y sexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad de la mujer, y la humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde.
