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La Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP manifiesta su profunda preocupación ante las constancias que surgen de la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Dolores, respecto del seguimiento efectuado por la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) sobre las actividades de dirigentes y organizaciones populares, integrantes de Universidades y particularmente, del gremio ADULP.
El “Proyecto AMBA”, descrito en esa causa, implicó el seguimiento e indagación del “factor político” en la provincia de Buenos Aires, cuestión reñida con la ley que regula las actividades de inteligencia en nuestro país y los principios constitucionales propios del estado de derecho.
La Ley 25.520 prohíbe expresamente “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”
En el caso de la UNLP, se evidencia el seguimiento de las actividades de trabajadoras y trabajadores docentes nucleados en el gremio ADULP, durante los reclamos salariales del año 2017.
Esta Universidad, fue víctima en otros momentos de la historia de nuestro país de este tipo de prácticas, y ha bregado por la democratización de todas las fuerzas de seguridad y agencias del Estado, para que no vuelvan a repetirse.
Por ello, nos solidarizamos con los espacios afectados y sus integrantes, particularmente con el gremio ADULP y bregamos por la no reiteración de este accionar que entendemos, lesiona la vida democrática.
