La Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de la Plata, manifiesta la preocupación frente a la decisión del ejecutivo municipal por la cual en el marco delCódigo de Convivencia Urbana, dispone la reubicación de la denominada “zona roja” a la calle 122, desde 52 a 55, en un plazo de 15 días.
Esta medida genera inquietud en diversas organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos que anteriormente habíamos compartido objeciones en relación al mencionado Código, y particularmente en sectores de los colectivos travestis y trans de La Plata, quienes el pasado 3 de abril tomaron conocimiento de esta decisión que reinstala políticas de “orden” y vuelve a criminalizar sus identidades, reproduciendo violencias que limitan su expectativa de vida, desconociendo derechos y garantías constitucionales.
A 40 años de la recuperación de la Democracia, como universidad pública reafirmamos lo ya expresado en 2020 cuando se trató el proyecto de Código de Convivencia Urbana, en relación a por un lado, la importancia de reconocer y garantizar integralmente a toda la comunidad, el efectivo ejercicio del derecho a la ciudad; y por otro, la necesidad de fortalecer una perspectiva de derechos humanos y de género que, desde un enfoque interseccional, revierta los procesos de desigualdad que condicionan la participación democrática en la vida comunitaria y en el espacio público.
Las ciudades organizan y vehiculizan múltiples patrones de desigualdad: de clase, de género, racial, cultural, etaria, etc; y su erradicación implica tomar decisiones en materia de política pública que reconozca esas desigualdades, generando estrategias integrales de cuidado, protección y reparación con este colectivo de personas vulnerabilizadas. La medida de rezonificación adoptada por el ejecutivo municipal genera el efecto contrario al reproducir la segregación socioespacial de la ciudad e invisibilizar sus problemáticas, exponiéndolas a situaciones de desprotección, violencia, discriminación e inseguridad.
En virtud de estas consideraciones, y teniendo en cuenta nuestro compromiso institucional con los derechos humanos, acompañamos el reclamo de las organizaciones respecto de contar con políticas integrales de cuidado; enfatizamos en la importancia de implementar las medidas afirmativas de cupo laboral trans travesti establecidas por la Ley Nacional Nº 27.636 y por la Ley Provincial 14.783, “Diana Sacayán,” y reafirmamos la preocupación ante estas medidas de reubicación geoespacial desde criterios higienistas y de expoliación urbana, comprendiendo que las mismas lejos de resolver la situación de exclusión laboral y educativa que afecta diferencialmente a mujeres y población travesti trans, la reproduce y agudiza.
En sintonía con nuestra misión educativa, bregamos por una actuación estatal que promueva y restituya derechos, propiciando agenciamientos individuales y colectivos que permitan vivir una vida digna y libre de violencias.