La Universidad Nacional de La Plata participó de la IV Mesa Interuniversitaria Nacional sobre Educación en Contextos de Encierro y II Reunión de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y Educación Carcelaria del Mercosur. La actividad se organizó en el marco de la V Jornadas de Extensión del Mercosur que se desarrollaron en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Uno de los ejes de las Jornadas fue el análisis acerca de las demandas, responsabilidades y problemáticas que atraviesan las 18 Universidades Nacionales que ofrecen carreras y propuestas educativas de grado a estudiantes en contexto de encierro. Cabe destacar que la UNLP es una de las universidades nacionales con mayor cantidad de estudiantes privados de la libertad, ocupando el segundo lugar después de la UBA.
Con la presencia de la prosecretaría de Derechos Humanos y de Bienestar Universitario de la UNLP, los participantes iniciaron la confección de una cartografía de experiencias de extensión, investigación, voluntariado y educación de grado con estudiantes privados de libertad, con el propósito de socializar experiencias y conocimientos; y de revalorizar la implementación de estrategias colectivas que permitan abordar las problemáticas de vulneración de derechos e inclusión social que afectan particularmente a esta población estudiantil.
Finalmente, desde la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y Educación Carcelaria del Mercosur se impulsó un documento de trabajo consensuad, donde se plantea la intención de:
– Mantener actualizada la cartografía acerca de programas de educación superior en contexto de encierro.
– Promover mayor coordinación entre las universidades, para la implementación de proyectos y acciones conjuntas que propicien la producción y circulación de conocimientos sobre educación universitaria en contexto de encierro.
– Generar estrategias que contribuyan a fortalecer programas de acompañamiento integral para estudiantes con régimen de semi-libertad o recientemente liberados
– Requerir ante autoridades ministeriales de una partida presupuestaria específica para programas destinados a educación en contexto de encierro.
– Fomentar la vinculación con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales para promover herramientas de inclusión educativa, laboral y social de las personas privadas de la libertad.
– Dar visibilidad a las graves violaciones a los derechos humanos que representan las situaciones de violencia institucional y torturas que afectan a la población carcelaria, e incidir en la agenda pública aportando conocimientos para que las propuestas de reforma de políticas penitenciarias y “post-penitenciarias” se enmarquen en la perspectiva de derechos humanos.