Este 16 de septiembre de 2016 se conmemora el 40 aniversario de uno de los acontecimientos más aberrantes producido por la última dictadura cívico-militar: el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. La mayoría de ellos estudiaban en los colegios de la UNLP.
“La noche de los lápices” sintetiza un momento de la represión vivida en los años de dictadura, donde desaparecieron a estimativamente unos trescientos jóvenes entre 13 y 18 años, la mayoría estudiantes de escuelas secundarias. Este hecho histórico se ubica en el marco del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la última dictadura cívico-militar, y se concretó a partir de una serie de secuestros realizados durante el mes de setiembre de 1976, que tuvieron como blanco a estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata con militancia política y estudiantil. Cabe recordar que esta persecución se había iniciado a fines de 1975, con el asesinato de Ricardo Arturo “Patulo” Rave, dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata, y continuó durante todo el período dictatorial.
En marzo de 1976 la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CES) desplegó un conjunto de estrategias políticas en oposición al Golpe; en condiciones sumamente adversas para la militancia, donde la realidad de las instituciones educativas evidenciaba cambios sustantivos y era objeto de vigilancia y control por parte del aparato represivo.
Septiembre de 1976 fue un momento donde numerosos estudiantes secundarios o recientemente egresados fueron secuestrados bajo las circunstancias que brevemente se describen a continuación:
El 1 de setiembre, y tras ser citados por el vicerrector del Colegio Nacional de La Plata, Juan Antonio Stomo fueron interrogados dentro del Colegio por personal de civil, cuatro estudiantes: Eduardo Pintado, Víctor Vicente Marcasciano, Pablo Pastrana (militantes comunistas) y Cristian Krause. Al salir de la escuela, a pocas cuadras fueron secuestrados, excepto Pintado, que logró escapar; y tiempo después liberados, luego de sufrir condiciones inhumanas de detención en un Centro Clandestino de la región.
El 4 de setiembre, fueron secuestrados Víctor Triviño de "La Legión", quien continúa desaparecido, Fernanda María Gutiérrez, estudiante del Liceo Víctor Mercante, Carlos Mercante del Colegio del Pilar; Graciela Torrado, estudiante del Bachillerato de Bellas Artes, y Luis Cáceres de la Escuela Técnica -los cuatro últimos militantes del Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas.-
El 8 de septiembre, fue secuestrado Gustavo Calotti, estudiante del Colegio Nacional, militante hasta 1975 de la UES y posteriormente del PRT-ERP. Luego de su cautiverio en Centros Clandestinos de Detención del Circuito Camps -entre ellos, el Destacamento de Arana y el Pozo de Banfield- estuvo en la Unidad 9 de La Plata, y posteriormente fue liberado.
El 15 de septiembre, se produjo el secuestro de Claudio de Acha, militante de la UES en el Colegio Nacional, quien continúa desaparecido.
En la madrugada del 16 de setiembre secuestraron a María Claudia Falcone, militante de la UES y estudiante del Bachillerato de Bellas Artes, junto a María Clara Ciocchini, también militante de la UES en Bahía Blanca; ambas continúan desaparecidas. Ese mismo día detuvieron a Daniel Alberto Racero junto a Horacio Ungaro, militantes de la UES y estudiantes del Normal 3 de La Plata; y a Francisco López Muntaner, militante de la UES y estudiante del Bachillerato de Bellas Artes, todos continúan desaparecidos.
El 17 de septiembre secuestraron a EmLa Reparaciónilce Moler militante de la UES, estudiante de Bellas Artes, y luego a Patricia Miranda, también estudiante de Bellas Artes. El 21 de setiembre, se produjo el secuestro de Pablo Díaz, militante de la Juventud Guevarista, estudiante en “La Legión.” Los tres fueron liberados luego de pasar por diversos Centros Clandestinos de Detención del Circuito Camps.
El 29 de setiembre secuestraron a Cristóbal Mainer, estudiante de Bellas Artes y militante de la UES. Luego de su paso por centros clandestinos de detención permaneció a disposición del Poder Ejecutivo en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata hasta fines de 1980.
Numerosos estudiantes de los colegios secundarios y compañeros de militancia, abandonaron su escolaridad para evitar ser víctimas del terrorismo de Estado.
Estos hechos -privaciones ilegales de libertad, torturas, desapariciones- que constituyen crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, comenzaron a conocerse públicamente durante el Juicio a las Juntas Militares cuando Pablo Díaz, uno de los jóvenes sobrevivientes, narró su historia ante la justicia. El sentido político de los mismos ha sido recientemente resignificado, al situar en la narración de los sobrevivientes, su pertenencia y práctica política compartida con sus compañeros desaparecidos; como pudo observarse en los testimonios aportados en el juicio denominado “Circuito Camps” donde la Universidad Nacional de La Plata participó como querellante. O dicho de otro modo, es a partir del proceso social de elaboración del pasado, que resulta posible comprender que la lucha de estos estudiantes se inscribe en la trama de la historia, articulada a las importantes movilizaciones sociales de la década del setenta.
Una de esas luchas tuvo lugar también en torno de la reivindicación del Boleto Estudiantil Secundario, que cuenta como antecedente legislativo local con el proyecto presentado por el concejal Rodolfo Mariani el 1° de septiembre de 1975 ante el Consejo Deliberante de La Plata. Los estudiantes reclamaban la reducción del costo del boleto a un peso, y ante la no respuesta gubernamental, la Coordinadora Estudiantil convocó a una manifestación ante el Ministerio de Obras Públicas, que se desarrolló el día 5 de septiembre para entregar el petitorio a las autoridades.
Posteriormente, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó en 1988 la Ley 10.671, que establece la fecha del 16 de septiembre como el “Día de los Derechos del Estudiante Secundario” cuya conmemoración es promovida por la Dirección General de Cultura y Educación que establece que se desarrollen “clases alusivas al tema, en defensa de la vida democrática y los derechos humanos” y propicia la realización de actividades culturales y recreativas organizadas por los Centros de Estudiantes Secundarios.
Y fue recién en el año 2015 que se logró conquistar el boleto, cuando la legislatura provincial con los aportes de la vicepresidencia institucional de esta Universidad y del colectivo estudiantil organizado, aprobó por amplia mayoría la Ley 14.735 de Boleto Especial Educativo, que establece la gratuidad del boleto para estudiantes de todos los niveles del sistema educativo; cuya implementación plena en toda la jurisdicción provincial aún continúa siendo disputada.
Así entonces, a cuarenta años, se reafirma la importancia de recuperar las memorias, propiciando que las sucesivas generaciones se apropien de un hecho del pasado reciente desde sus preocupaciones del presente. En este sentido, conmemorar “La noche de los lápices” supone recordar y recrear el compromiso institucional con los proyectos de aquellos jóvenes que lucharon por una sociedad más justa e igualitaria; que en este presente se traducen en desafíos vinculados a:
La Memoria, preservando y recreando las luchas colectivas expresadas en reivindicaciones tales como la derogación de la Ley Federal de Educación, la universalización de la escolaridad secundaria garantizada por el Estado, la gratuidad del boleto estudiantil, entre otras.
La Verdad, para que se desarme todo el entramado de complicidades que permitió la instalación de un proyecto político, económico y social excluyente, a través de prácticas sistemáticas de persecución y exterminio.
La Justicia, garantizando la continuidad de los procesos de enjuiciamiento a los responsables del genocidio.
La Reparación, a través de políticas institucionales que resignifican la memoria colectiva y el fortalecimiento de prácticas democráticas, tales como: la reparación y preservación de legajos de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes, víctimas del terrorismo de estado; la preservación de la memoria expresada en los edificios que formaron parte de la trama represiva y el aporte de la Universidad tanto en su condición de querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos contra sus integrantes, así como en su condición académica vinculada a la producción de conocimientos y a la formación de profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
