En el marco de esos operativos, varios colectivos interurbanos vienen siendo sistemáticamente detenidos en sus recorridos con el propósito de requisar a los pasajeros sin orden judicial. Éstos son obligados a bajar del vehículo, poner sus manos contra el mismo para ser palpados; y a exhibir su documento y sus pertenencias personales, revisadas por los agentes que en varias situaciones –según numerosos testimonios,- habrían dispensado un trato irrespetuoso. Muchos trabajadores y estudiantes de esta Universidad han sido alcanzados por este accionar manifestando inquietud, temor y malestar.
Estos procedimientos, justificados desde la intencionalidad de combatir el delito, tensionan la vida democrática al habilitar prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública, vulnerando derechos y garantías constitucionales -tales como el derecho a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas.-
Asimismo, rememoran las “razzias” -mecanismo represivo generalizado durante la última dictadura militar- de la que fueran objeto, trabajadores del cordón industrial en el enclave Ensenada-La Plata, tal como lo han relatado testigos y víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad en los que esta Universidad es querellante.
Si bien se comprende el legítimo reclamo de prevención por parte de los choferes de colectivos agredidos en los últimos días, o el reclamo social ante hechos delictivos en la ciudad, la respuesta del Estado no puede cercenar derechos fundamentales desconociendo el principio de no discriminación al desplegar requisas selectivas sin orden judicial y sin indicios de la comisión de un delito. Tampoco puede exponer niños niñas y jóvenes a esta situación, infundiéndoles desde un accionar disciplinador, temor y preocupación.
Tal como lo afirmaran numerosos estudios especializados en temas de seguridad, este tipo de medidas son ineficientes para la prevención del delito, al propiciar una visión de la seguridad reñida con los derechos humanos y alejada del anhelo de construcción de una seguridad democrática, que implica la profesionalización en el abordaje del delito conjugada con el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Por lo expuesto, se requiere a los poderes públicos el cese de estos procedimientos y la construcción de políticas de seguridad pública de carácter democrático, respetuosas de los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho.