El lunes 6 de marzo, se realizó en el edificio de Presidencia de la UNLP, la segunda reunión de trabajo en torno a la creación de un Sistema Nacional de Responsabilidad Penal Juvenil que derogue la Ley 22.278/80 de la última dictadura cívico-militar. Esta actividad se dio en el marco de la convocatoria que efectuara la Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, y contó con la presencia de los docentes, investigadores y extensionistas de diversas facultades con una vasta trayectoria en temáticas vinculadas a infancias y juventudes que conforman la mencionada Mesa.1
El intercambio se produjo a partir de la lectura del documento que sintetiza los temas planteados en la primera reunión y un esbozo preliminar de los ejes a considerar en la construcción del informe académico final, que contendrá los aportes de los diferentes campos disciplinares. Se planteó la importancia de producir un texto comunicable y preciso, que aborde la complejidad del tema sin simplificaciones, contextualizando las situaciones que atraviesan las infancias y juventudes a las que se pretende regular con un nuevo marco legal.
En ese sentido, se ratificó la necesidad de abordar dos cuestiones. Por un lado, visibilizar y problematizar la insuficiente implementación del sistema de promoción y protección de derechos, dirigidas a niños/as y jóvenes cuyos derechos se encuentran vulnerados desde temprana edad, siendo muchos de ellos quienes hoy entran en conflicto con la ley penal habiendo sufrido diversas violencias. Por otro lado, se señaló la importancia de reafirmar -tal como lo han hecho reconocidos investigadores- que las respuestas que produce el sistema penal son constitutivamente ineficaces para regular y resolver los conflictos sociales que involucran a niños/as y jóvenes. A ello se suma además el reconocimiento y la visibilización de los efectos nocivos que produce la privación de libertad y la detención de los niños/as y jóvenes.
Luego el debate giró en torno de la tensión que atraviesa el proceso de construir un sistema de justicia juvenil sin reproducir ni reforzar el paternalismo del Estado, pero reconociendo a la vez la crisis de autoridad parental, familiar, y escolar, que obliga a no dicotomizar las lecturas, y a pensar en clave de complejidad tanto los problemas como las posibles respuestas en el marco de una sociedad democrática. Ello a la vez exige una reflexión profunda y argumentada para sustentar que bajar la edad de imputabilidad no es un criterio legítimo en el contexto actual, si se tiene en cuenta que amplias mayorías de niños viven cotidianamente situaciones de violencia y vulneración de derechos producidas por la falta de políticas y programas estatales que contribuyan a garantizarlos; y sólo un ínfimo porcentaje de ellos ejerce actos de violencia extrema. Aun así, se coincide en señalar que las graves situaciones conflictivas que involucran a niños/as y jóvenes, deben ser tratadas en su dramaticidad, y desde los interrogantes e interpelaciones que las mismas producen, sin pretender construir respuestas pragmáticas que no tomen en cuenta las condiciones necesarias para producir determinadas legalidades.
Finalmente se acordó continuar trabajando y producir una declaración institucional que contenga estas reflexiones y que explicite el posicionamiento de la Universidad frente a esta iniciativa gubernamental que se ha presentado de modo fragmentado y un tanto difuso, pero que dada la relevancia de la cuestión de fondo, interpela al ámbito académico a comunicar las reflexiones que vienen elaborándose al respecto.
