Desde la prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata celebramos la reciente aprobación de la Ley IVE que tuvo lugar en el día de la fecha, por 38 votos a favor en el Senado de la Nación.
Esta normativa constituye un logro histórico del movimiento feminista, acompañado por la decisión política e institucional del estado argentino de ampliar los pisos de derechos para las mujeres y para toda persona con capacidad de gestar; reconociéndoles el derecho a decidir sobre sus cuerpos y proyectos vitales.
Esta ley promueve mayor justicia social e incide sobre inequidades y desigualdades históricas, trastocando un orden político y sociocultural que desde hace décadas naturaliza opresiones sobre mujeres y personas con capacidad de gestar.
El Consejo Superior de nuestra Universidad ya en 2010 se pronunció a favor de que se produzca un cambio en la legislación, en pos de despenalizar la interrupción de embarazos y a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Asimismo, instaba al desarrollo de políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados, declarando de interés institucional los programas y campañas tendientes a garantizar el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad, que promovieran la igualdad de género y la igualdad social.
En esta línea y acompañando las iniciativas de tratamiento que tuvieron lugar en años recientes, diversas facultades emitieron sus propias resoluciones; como también lo hizo la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional. Fueron importantes las diversas experiencias universitarias construidas desde cátedras libres, seminarios, cursos etc. para promover la educación sexual integral y el derecho a la interrupción voluntaria de embarazos, brindando información sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva; sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en el sistema público de salud; visibilizando e impulsando acciones reivindicativas en relación con el tema.
El aborto constituye un problema de salud pública, siendo primera causa de muerte en personas gestantes, con afectaciones a la salud integral de quienes se veían hasta hoy obligadas a proseguir un embarazo no deseado, a quedar expuestas a prácticas de riesgo o ser criminalizadas.
La aprobación de esta ley despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo la atención del personal de salud, de manera digna, respetuosa y sin dilaciones. Establece la cobertura gratuita por parte de las obras sociales y prepagas; y enmarca el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ofreciendo acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona.Y cumple con los compromisos asumidos por el estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
Como comunidad universitaria reafirmamos que el aborto es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de salud pública; y su legalización salda una deuda histórica de nuestra democracia con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar. En este sentido, asumimos el desafío de seguir trabajando en la implementación de estrategias integrales de formación y de gestión, que contribuyan a la efectiva accesibilidad a estos derechos, en condiciones gratuitas, informadas, seguras y de calidad, alentando la plena implementación de la ESI, la prevención y asistencia ante violencias de género y el fortalecimiento del acceso a métodos anticonceptivos; así como el desarrollo de buenas prácticas para la efectivización del IVE en el sistema sanitario.
