Por Verónica Piccone, Directora de Derechos Humanos de la UNLP.
Mucho se ha dicho para caracterizar la dictadura cívico militar que hace 35 años usurpó el poder, y distinguirla de otras que asolaron nuestro país durante el siglo pasado.
Sin embargo, tal vez la mayor singularidad de esta dictadura haya sido la de haber acudido al terrorismo de estado para organizar un plan criminal de eliminación y exterminio, cuyas consecuencias fueron previstas a priori, descartando por ese motivo la posibilidad de que sólo se tratara de algunos “excesos”.
La política de juzgamiento utilizada en los primeros años de democracia, en especial el establecimiento de los tres niveles de responsabilidad delimitados normativamente, provocó la desconfianza de los organismos de derechos humanos, por el acotado grupo de personas a quienes se perseguiría penalmente, pues mediante esta política sólo serían juzgados quienes habián promovido y dirigido el terrorismo de estado.
De todos modos, uno de los importantes méritos del Juicio a las tres primeras juntas de comandantes del Proceso de Reorganización Nacional, fue haber sacado a la luz los métodos utilizados por la dictadura, la cantidad de víctimas, la clandestinidad de los procedimientos, el grado de violencia, la denigración del “enemigo”, el robo de niños, la supresión de su identidad, el desprecio desde el Estado de la vida de los ciudadanos. Todo eso pasó a ser parte del debate público. Las soluciones que fueron tomadas en el resto de América -amnistías, faltas de juzgamiento- y aun en nuestro país con posterioridad (punto final, obediencia debida, indultos) no hubieran permitido esa discusión.
En la actualidad y luego de superar largos años en los que las leyes de impunidad impidieron el juzgamiento de los responsables del secuetro, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de argentinos, se llevan adelante esos juicios gracias a la lucha fundamental de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
En la Universidad Nacional de La Plata, los asesinatos y las desapariciones forzadas -también las persecuciones- concretadas por el terrorismo de estado, alcanzaron a un número significativo de los miembros de su comunidad. Sólo es necesario repasar la nómina de víctimas y su composición la para advertirlo.
Ante ese panorama, el entonces Presidente de la Universidad, Arq. Gustavo Aspiazu, a instancias de la Direccón de Derechos Humanos de la UNLP, manifestó ante el Consejo Superior la necesidad de que esta Casa de Altos Estudios se presentara como querellante en la Causa 1, incoada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 280/84 que se tramitaba en la Justicia Federal de La Plata y las que de ella se derivaran, en la cual la mayor parte de las víctimas de los delitos investigados eran alumnos, docentes, no docentes y graduados de la Universidad Nacional de La Plata.
Como consecuencia el Consejo Superior, en debate plural y decisión unánime, resolvió aprobar la presentación de esta Universidad en el carácter de querellante, mediante la Resolución C. S. N° 8 del 19 de diciembre de 2007.
Por ello, a partir de mediados de este 2011, por primera vez llegarán a la instancia de juicio oral y público las causas en las cuales la Universidad Nacional de La Plata es parte como querellante, entre la cuales se destacan las vinculadas a delitos contra los derechos humanos cometidos en centros clandestinos de detención de La Plata y la región.
Será otra oportunidad, no sólo de obtener una cuota más de justicia allí donde la sociedad ya ha emitido su justa condena, sino de profundizar la educación en derechos humanos participando en forma directa del juzgamiento de las más graves violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido nunca en nuestro país.
