El conflicto actual en la Facultad de Medicina nos obliga a reflexionar como miembros de la comunidad universitaria, en términos racionales y despojados de prejuicios:
– El Consejo Superior de la UNLP resolvió en Septiembre de 2012 la cuestión de la Práctica Final Obligatoria (PFO) de Medicina en forma incuestionable: los alumnos debían realizarla en los términos fijados en el Plan de Estudios que les correspondiera. El Consejo Superior respaldó los cambios introducidos en 2010 por la Facultad y simplemente indicó que los alumnos inscriptos con anterioridad (y con otro Plan de Estudios) podían cursar en las condiciones establecidas oportunamente.
– La decisión no implicaba cuestiones académicas de fondo, salvo reconocer algo obvio: no se puede legislar en forma retroactiva con los Planes de Estudio. Ni en Medicina, ni en ninguna Facultad de la Universidad. Los egresados no cambiarían su “calidad” por un cambio de correlativas en una asignatura del Plan de Estudios (en sólo 7 años Medicina hizo 3 cambios en este punto).
– Las autoridades de la Facultad de Medicina hubieran podido aceptar lo resuelto por el Consejo Superior e iniciar normalmente el curso 2013 de la PFO. Incluso podrían haber cambiado su forma de evaluación, mediante un tratamiento en su Consejo Directivo. Nadie lo hubiera objetado académicamente.
– Pero optaron por judicializar el tema. Bloquearon la posibilidad de cursar la PFO a alumnos que estaban en condiciones de acuerdo a su Plan de Estudios. Demoraron las asignaciones de plazas en los hospitales, etc. etc.
El resultado del proceso judicial fue lógico: los alumnos tenían derecho a cursar la PFO de acuerdo a su Plan de Estudios. Hubieran podido evitarse las múltiples presentaciones judiciales y simplemente aceptar la resolución del Consejo Superior de 2012, que no afectaba las decisiones académicas de la Facultad, simplemente indicaba que no se podían aplicar retroactivamente.
– La reacción de las autoridades de la Facultad ha sido más temperamental que reflexiva: demoras en los trámites, requerimientos al Ministerio de Salud de la Provincia, asignación de plazas a más de 400 Km. de La Plata y (en la medida que cada dificultad fue resuelta) una última decisión (sin tratamiento en el Consejo Directivo) de cambiar el modo de evaluación de la PFO… para alumnos que ya la están cursando.
– Más allá de la forma de evaluación que corresponde a una Práctica pre-profesional, está claro que se repite el escenario de modificar las reglas y generar un escenario de conflicto. Seguramente la Facultad (como todas las Facultades con las asignaturas de sus Planes de Estudio) puede establecer una normativa de evaluación, que sea discutida, conocida por los alumnos y aplicada con posterioridad a su aprobación por los órganos de Gobierno. Es lo normal y seguramente las modalidades de evaluación no cambian la calidad de la formación de los alumnos, simplemente miden resultados del aprendizaje. Pero el modo y el momento elegido sugieren una reacción contra la decisión judicial que convalidó lo resuelto por el Consejo Superior.
En este contexto, se requiere un momento de reflexión: la Universidad tiene como objetivo superior la formación de profesionales de la mayor calidad, en un contexto inclusivo. La Universidad crece en los consensos entre sus claustros y crece cuando fija políticas que abarcan a todas sus Facultades, sin enfrentamientos inútiles y sin judicializar lo académico.
Estoy convencido, como la mayoría de la comunidad universitaria, que llegar a medidas de acción directa como la toma de la Facultad por los estudiantes, termina afectando directamente a los alumnos (a los que cursan la PFO y a todos los demás alumnos de Medicina). Al mismo tiempo los temas académicos como los cambios en los modos de evaluación de esta asignatura deben ser resueltos racionalmente, en el ámbito de la Facultad y con participación de todos los involucrados. Por esto y para esto existe el cogobierno en la Universidad.
Se requiere un momento de reflexión de todos los involucrados para deshacer el conflicto, con una actitud racional:
– Levantar la toma de la Facultad y suspender la nueva modalidad de evaluación de la PFO hasta que no sea tratada por el Consejo Directivo de la Facultad.
– Definir la modalidad de evaluación basándose en pautas académicas razonables y no aplicarla retroactivamente.
En esencia, ser responsables del rol que nos cabe a cada uno, en el marco de los objetivos de la Universidad y de su Estatuto, priorizando la formación de profesionales en calidad y cantidad, tal como lo requiere nuestro país.
Ing. Armando De Giusti
Vicepresidente Académico UNLP