El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó el proyecto de ordenanza de reglamentación del Artículo 1º de su Estatuto, que veda la pertenencia a su vida institucional a “personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”.
Concretamente, el artículo primero de la carta magna de la casa de estudios platense señala que “El marco democrático planteado para una universidad pública no debe permitir la pertenencia a su vida institucional, por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios, de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”.
La reglamentación aprobada por el máximo órgano de cogobierno universitario considera entre sus fundamentos que “el terrorismo de Estado produjo efectos devastadores sobre la sociedad y particularmente sobre nuestra comunidad universitaria, y provocó la expulsión, persecución y desaparición de estudiantes y trabajadores docentes, no docentes, sin causa y por aparentes motivos ideológicos”. Y que “la dictadura cívico-militar impactó también al imponer el cierre de carreras, colocar cupos de ingreso y limitaciones presupuestarias”.
La aprobación del proyecto de reglamentación del Artículo 1º se sustenta además en que “esta Universidad y sus distintas dependencias son requeridas habitualmente por autoridades administrativas y judiciales a fin de brindar la información que posee en sus archivos sobre circunstancias vinculadas al terrorismo de Estado, y que existen leyes reparatorias y proyectos de ley por los cuales quienes forman parte de esta comunidad universitaria requieren también de esa información”.
La nueva ordenanza aprobada impide “el ingreso, permanencia o pertenencia al ámbito de esta Universidad de personas involucradas en la violación de derechos humanos o terrorismo de Estado”.
Además señala explícitamente que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos electivos o por designación quienes resulten condenados como autores, coautores, partícipes, instigadores, encubridores, o en cualquier tipo de participación criminal en delitos constitutivos de violación de derechos humanos; como así también en delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
Asimismo, el texto de la norma indica que “las conductas que por acción u omisión impliquen una grave violación de los derechos humanos, aunque no se encuentren sujetas a investigación penal, podrán ser consideradas actos lesivos graves contra a ética universitaria.
DOCTORADOS HONORIS CAUSA
El cuerpo aprobó además otorgar la distinción “Doctor Honoris Causa” al reconocido Sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. El catedrático cuenta con una destacada trayectoria como docente e investigador, y ha publicado obras que abordan reflexiones en torno a los procesos de globalización, multiculturalismo y estado, epistemología, democracia y derechos humanos.
Cabe destacar que la ceremonia de entrega del título tendrá lugar mañana miércoles a las 17 horas, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Allí, tras recibir la distinción de manos del presidente Raúl Perdomo, de Sousa Santos ofrecerá una conferencia sobre “Epistemologías del Sur: un pensamiento alternativo de alternativas políticas”.
El Consejo Superior también resolvió distinguir con el título de Doctor Honoris Causa Post mortem de la UNLP al doctor Hugo Cañón. Graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Cañón se desempeñó como Fiscal Federal de Bahía Blanca, y fue miembro de la Comisión Provincial de la Memoria. Reúne una reconocida trayectoria profesional, política y académica a partir de su compromiso y lucha inclaudicable por la defensa de los derechos humanos.
PROFESOR EMÉRITO
A propuesta de la Facultad de Ciencias Exactas, el consejo resolvió distinguir con el título “Profesor Extraordinario en la Categoría de Emérito” al doctor Jorge Solomin, por su destacada trayectoria en la investigación científica en las áreas de Análisis Matemático, Geometría Diferencia y Análisis Numérico.
DECLARACIÓN CONJUNTA
A partir de una serie de presentaciones impulsadas por representantes de diferentes claustros en torno a problemáticas políticas y sociales que involucran a la comunidad universitaria, la Presidencia de la UNLP se comprometió a elaborar un documento que, entre otros aspectos, incluirá los siguientes pronunciamientos:
* Acompañar el pedido de justicia y pronto esclarecimiento por la trágica muerte de Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiante de la UNLP que falleció en una fiesta realizada en una quinta de nuestra ciudad.
* Reafirmar el compromiso de la Comunidad Universitaria de La Plata en defensa de la Educación Pública y gratuita.
* Rechazar cualquier intento de criminalización de la protesta social, como así también la persecución de manifestantes. Asimismo habilitar la participación de la comunidad en los debates en torno a la aplicación de los denominados protocolos antiprotestas.
