Con esta expresión de Estela de Carlotto, Presidenta de la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo” compartimos desde nuestra Comunidad Universitaria la noticia acerca del enjuiciamiento a los responsables por el genocidio, delito de lesa humanidad, cometido en el Centro Clandestino de detención conocido bajo el nombre de “La Cacha.”
Ayer 24 de octubre de 2014, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra alrededor de 200 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. Luego de un proceso de 10 meses, la sentencia incluyó condenas a reclusión perpetua, y condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianeidad de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en este centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad de Olmos. A ello se suma la absolución de un militar.
Si bien para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años más tarde; su lucha junto al Movimiento de Derechos Humanos de nuestro país, iniciada durante la dictadura donde se destaca la templanza y el coraje de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, determinó que lenta, pero paulatinamente, se agrietara la impunidad pergeñada por los responsables del accionar represivo y avalada incluso, por decisiones tomadas por gobiernos democráticos.
Este acontecimiento de reparación marca un avance de nuestra sociedad en la búsqueda y construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia, luego de la derogación de las inconstitucionales leyes de impunidad que habilitaron la reapertura de los juicios.
Asimismo, este hecho constituye un paso más en la consolidación de una institucionalidad estatal comprometida con los procesos de enjuiciamiento a los responsables del genocidio cometido por el terrorismo de Estado, que procura terminar con la impunidad; y muestra que es posible contar con una Justicia capaz de llevar adelante el enjuiciamiento y castigo a los responsables del genocidio, respetando las garantías constitucionales, y constituyéndose en un ejemplo internacional respecto de lo que implica investigar y juzgar los crímenes del pasado en el marco de un Estado de Derecho.
