Frente a las preocupaciones planteadas por distintos actores del sistema universitario, el Honorable Consejo Superior del día 14 de abril de 2016 resolvió encomendar a la Presidencia de la UNLP que resuma los acuerdos en una única declaración.
En primera instancia, la Universidad Nacional de La Plata ratifica su firme compromiso con la defensa de la Educación Pública y Gratuita, premisa que encuentra su máxima expresión en el propio preámbulo de su Estatuto:
“La Universidad Nacional de La Plata como institución pública y gratuita de educación superior, se ofrece abierta e inclusiva para toda la sociedad y establece como sus objetivos principales los de favorecer el acceso a sus aulas al conjunto del pueblo argentino y hacer llegar a cada rincón de la Patria los frutos de su labor..…
… En este sentido, entendiendo a la educación superior y el conocimiento como bien público y social, se asume que es deber indelegable del Estado Argentino el sostener en su totalidad las tareas y funciones de la Universidad”.
Por ello la UNLP se pronuncia a favor de incrementar la inversión en educación para garantizar las condiciones necesarias de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Así también de sostener los programas de mejoramiento de la infraestructura educativa, y los sistemas de becas y subsidios como eficaces políticas de inclusión.
En referencia a las iniciativas que promueven crear “protocolos de seguridad” nacionales o municipales para manifestaciones públicas, la UNLP se manifestó oportunamente expresando su preocupación y solicitando se abra un espacio abierto de debate con amplios sectores sociales para decidir sobre el particular de manera de asegurar las libertades individuales, el derecho a la protesta social y la libertad de información.
Es preciso reconocer que la protesta social es un derecho constitucional, y en este sentido la Universidad rechaza cualquier intento de criminalización de la misma y de sus protagonistas más activos, debiendo garantizarse el debido proceso para todos los ciudadanos.
Igualmente, y en función de los valores democráticos y republicanos que rigen nuestras acciones, es necesario señalar que la constitución nacional establece la independencia de los poderes públicos y claramente los preceptos constitucionales y las leyes que de ellos se derivan están por encima de los decretos del poder ejecutivo nacional o provincial.
Con el mismo énfasis que manifestamos estas preocupaciones aspiramos a que la relación entre las Universidades Públicas y los distintos estamentos del gobierno nacional, provincial y municipal, en tanto representantes del pueblo, se conduzca a través de principios generales de cooperación, asesoramiento y consulta permanente en distintas áreas del conocimiento y del trabajo conjunto para el bienestar y mejor calidad de vida de toda la población argentina.
Instamos a todos los poderes del Estado a trabajar conjuntamente para que la investigación y la innovación se orienten a la mejora de la calidad de vida de la población.
Del mismo modo, y atendiendo al desarrollo de los sectores más vulnerables, planteamos la urgente necesidad de trabajar en forma conjunta en la planificación de políticas públicas de inclusión social, de mejoramiento de la calidad institucional y del efectivo ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados Internacionales con rango constitucional.
