La Dirección General de Derechos Humanos de la UNLP expresa su preocupación por la situación que atraviesa un grupo de familias de Abasto ante la decisión judicial de ser desalojados de los terrenos ubicados en 520 entre 213 y 217.
En tal sentido manifestamos nuestro apoyo institucional a la medida precautelar del Juez Contencioso Administrativo Nº 1, Luis Federico Arias solicitando el Cese del desalojo dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele.
Asimismo, frente a los hechos exhortamos al Poder Judicial a iniciar una instancia de negociación junto al Poder Ejecutivo y a las familias que reclaman su derecho a la vivienda, en pos de garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes en la materia.
En el mismo sentido entendemos necesario plantear la profunda preocupación que genera cierta naturalización en relación a priorizar el mercado inmobiliario privado por sobre el derecho a la vivienda que contradice los principios constitucionales.