La ley 26.811 de 2012, instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el propósito de recordar las graves violaciones a los derechos humanos producidas por las fuerzas de seguridad; y de promover en el marco de una sociedad democrática, la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que respeten los mismos.
El 8 de mayo de 1987 los jóvenes Oscar Aredes de 19 años, Agustín Olivera de 20 años y Roberto Argañaraz de 24 años, fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires. Este hecho se conoce como “la Masacre de Budge” y en su memoria se establece esta fecha conmemorativa.
La violencia policial es una de las formas en las que se expresa y ejerce la violencia institucional, mediante prácticas sistemáticas de abuso de poder, tanto física como psicológica, que se reproducen institucionalmente mediante abusos que van desde detenciones arbitrarias hasta muertes por “gatillo fácil.” Las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos son en su mayoría, ciudadanos jóvenes, pobres, con derechos económicos, sociales y culturales vulnerados.
La violencia institucional tiene múltiples sentidos y se expresa de diversos modos, todos son ofensivos y afectan severamente la convivencia democrática al profundizar las diferencias y la exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad. El Estado debe asegurar el funcionamiento efectivo de todos los mecanismos que tiene a su alcance, para garantizar, proteger y promover el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de toda la sociedad, y muy especialmente de los más vulnerables.
En virtud de lo expuesto, como Universidad Pública reafirmamos la importancia de promover la defensa y protección de los derechos humanos, denunciando su vulneración cuando ello ocurre, y fortaleciendo acciones político-educativas que contribuyan a erradicar toda práctica productora de violencia institucional en nuestra sociedad.
