El pasado lunes 4 de mayo la Directora General de Derechos Humanos de la Universidad, Verónica Cruz, junto a otros profesionales que integran su equipo de trabajo y miembros del equipo de gestión de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación, vinculados a la educación en contextos de encierro, mantuvieron una reunión con el Director Provincial de Política Criminal, Juan Martín Ramos Padilla.
El propósito de la reunión fue dar continuidad al trabajo de coordinación interinstitucional en pos de garantizar condiciones que permitan a los estudiantes universitarios privados de libertad sostener sus estudios, ejerciendo de este modo, su derecho a la educación superior. En tal sentido, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad junto a los referentes de las facultades se abordaron los siguientes temas:
– Se informó de la elaboración de un Protocolo para Ingreso y Permanencia de los estudiantes privados de la libertad en las dependencias académicas y/o administrativas de UNLP que procura establecer condiciones que favorezcan la inclusión y la no estigmatización ni segregación de los estudiantes privados de libertad que asisten a tomar clases en las unidades académicas. Se conversó respecto de la importancia de dar a conocer el mismo una vez que entre en vigencia, por medio del Ministerio de Justicia, a todas las unidades penitenciarias que comprenden el radio de la UNLP.
– Se planteó desde la UNLP la preocupación por situaciones de “no traslado” de los estudiantes privados de libertad desde algunas de las Unidades Penitenciarias a las Sedes de las Facultades, hecho que afecta la continuidad en las trayectorias educativas, al generarse inasistencias reiteradas a clases y a mesas de exámenes parciales y finales. Se evaluó la posibilidad de fortalecer algunas acciones con las instancias judiciales a fin de encontrar alternativas que posibiliten permisos para salidas educativas con la debida autorización judicial, evitando la reiteración de situaciones problemáticas tales como la huelga de hambre de dos estudiantes como modo de reclamar por su derecho a estudiar que tuvo lugar en las últimas semanas.
– Se conversó respecto de la preocupación por el cierre del pabellón universitario de la Unidad Nº 45 en tanto afecta en el corto y mediano plazo, las condiciones de estudio de los estudiantes allí alojados. Si bien el cierre se vincula a un reclamo por obtener mejoras en los espacios destinados a la educación intramuros, no se han tomado decisiones en el sentido de generar alternativas que garanticen las mínimas condiciones para que quienes venían estudiando no vean cercenado su derecho a partir de un retroceso en las condiciones edilicias objetivas en la que se encuentran.
– Se explicitó la necesidad de asignar en las Unidades Penitenciarias de Magdalena un espacio edilicio para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades formativas.
– Se reflexionó acerca de la importancia de facilitar el acceso de docentes y equipos de gestión de las Unidades Académicas y de la Dirección General de Derechos Humanos de la UNLP a las Unidades Penitenciarias donde se encuentran los estudiantes, a fin de dar cumplimiento efectivo a las políticas de educativas de docencia y extensión, haciéndoles llegar también acciones y recursos vinculados a la política de bienestar universitario que la UNLP desarrolla con todos los estudiantes que lo requieren. Se puntualiza la importancia de mantener un contacto periódico desde la Universidad con estos estudiantes en pos de sostener acciones de apoyo continuo a sus trayectorias educativas, teniendo en cuenta las desventajas objetivas inherentes a las condiciones en las que los mismos deben estudiar.
Finalmente, el Director Provincial de Política Criminal, Sr. Ramos Padilla tomo nota de estos reclamos y preocupaciones compartidos en el marco de la reunión, planteando que desde su área se realizarán las gestiones pertinentes a fin de revertir las situaciones descriptas; y desde la Universidad se expresó el compromiso de continuar trabajando en pos de garantizar el derecho a la educación de los mil estudiantes privados de libertad inscriptos en varias carreras de la UNLP en el presente ciclo lectivo.