Jorge Julio López nació el 25 de noviembre de 1929 en General Villegas, estudió hasta sexto grado y dejó el colegio para ayudar en su casa con las tareas rurales. Cumplió el servicio militar obligatorio en Junín de los Andes y a su vuelta, continuó trabajando en el tambo familiar, en Elordi -un pueblo próximo a General Villegas.1-
En 1956 llegó a Los Hornos, comenzó a trabajar como quintero y unos años después, se dedicó a realizar tareas de albañilería. Se casó con Irene Savegnago, y de esa unión nacieron sus hijos Rubén y Gustavo.
Participó de la edificación de la Escuela Primaria Nº 50 de Los Hornos y de la refacción de la antigua estancia “La Armonía,” en Arana, experiencia que le posibilitó luego aportar a la identificación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención.
En junio del año 1973 militantes de la Juventud Peronista, como Pastor Asuaje y Ambrosio De Marco, egresado del Colegio Nacional “Rafael Hernández,” fundaron en calle 66 y 140 de Los Hornos la Unidad Basica “Juan Pablo Maestre". A ella se incorporaron Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, vecinos del barrio. Un tiempo después se trasladaron a 68 y 142; y allí, Jorge Julio López se acercó a la militancia barrial donde concurría los fines de semana y hacía veredas y reparaciones en el barrio. En esas circunstancias conoció a Patricia Dell Orto, recién egresada del Bachillerato de Bellas Artes y militante de la UES.
El 27 de octubre de 1976, fue secuestrado y llevado a Arana junto a otros compañeros, donde fueron torturados. Luego fue trasladado a la Comisaría 5ª, y a fines de diciembre de 1976 a la Comisaría 8ª de La Plata. El 4 de abril de 1977 -tras más de cinco meses de estar detenido-desaparecido- fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 9, donde fue “blanqueado” y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 25 de junio de 1979. Luego sufrió el destino de muchos sobrevivientes: el silencio y la impunidad.
El 7 de setiembre de 1999, cuando la lucha de los organismos de derechos humanos permitió la apertura de los Juicios por la Verdad, declaró por primera vez. Su testimonio -enriquecido por las averiguaciones que solitariamente realizó luego de su liberación,- generó una inspección ocular en la zona de Arana, que constituyó un aporte fundamental en la reconstrucción de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en La Plata. También permitió el encuentro con otros sobrevivientes, nucleados en la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que le posibilitó poner en palabras lo sucedido.
Tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el 16 y el 30 de noviembre de 2005, Jorge Julio López volvió a declarar y se constituyó como querellante, junto a Nilda Eloy y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Esa causa fue la primera en llegar a la instancia de juicio oral, y el 28 de junio de 2006, Jorge Julio López brindó su testimonio, relató lo sucedido con sus compañeros de la Unidad Básica, y reivindicó la militancia de esos jóvenes universitarios. Participó en los reconocimientos de los Centros Clandestinos de Detención “Arana, Comisaría 5ª y Comisaría 8ª.”
El 18 de setiembre, día en que debía acompañar a los abogados que alegaban en su nombre, desapareció por segunda vez.
El impacto de su desaparición, en una ciudad atravesada por el genocidio y por las desapariciones en democracia de Miguel Bru y de Andrés Núñez, perdura al día de hoy.
Mientras por primera vez un Tribunal reconocía que lo sucedido en nuestro país fue un genocidio, nuevamente se escuchó la consigna “Aparición con vida” en las calles de la ciudad. A partir de allí, hubo un profundo replanteo de las políticas institucionales que debían acompañar el proceso de enjuiciamiento que se estaba iniciando y que continúa al día de hoy. Pero hubo también, enormes resistencias y desaciertos políticos y judiciales que hacen que al día de hoy, tras doce años de su desaparición, no sepamos qué sucedió con él y quiénes son los responsables.
Recientemente, en un contexto político atravesado por discursos y prácticas negacionistas, se otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, alegando “razones humanitarias.” El reclamo social señaló el contrasentido de liberar a Etchecolatz mientras la desaparición de Jorge Julio López esté impune, y logró revocarla.
La segunda desaparición de Jorge Julio López constituyó un intento de detener el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad por parte de quienes durante treinta años permanecieron impunes. Por ello, esta comunidad universitaria redobla su compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia, reclamando la democratización de las fuerzas de seguridad .
