Este jueves 10 de diciembre sesionará la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatirá el proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto.
Esta ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
En la actualidad el aborto continúa siendo un problema de salud pública, ya que la práctica de abortos inseguros en nuestro país representa la principal causa de muerte materna directa. En este marco, los cuerpos con capacidad de gestar ponen en riesgo su salud y sus vidas para llevar adelante esta práctica, y si no, se ven obligados a una maternidad forzada. A su vez, quienes se someten a la realización de abortos clandestinos corren el riesgo de ser penalizados, ya que hoy el aborto continúa siendo punible.
La despenalización y legalización del aborto resulta necesaria en términos de justicia social, de la salud de los cuerpos gestantes y los derechos humanos. En este sentido, es pertinente acompañar esta ley con políticas que alienten la plena implementación de la Educación Sexual Integral, la prevención de violencia de género y abuso y el fortalecimiento del acceso a los métodos anticonceptivos.
Cabe recordar que el Consejo Superior de la nuestra casa de estudios, en el año 2010 fijó posición y se pronunció a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de despenalizar la interrupción de embarazos, legalizando el aborto seguro y gratuito.
Concretamente, la declaración aprobada el 28 de septiembre por el máximo órgano de cogobierno señala:
Art 1: Pronunciarse a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de la despenalización de la interrupción de embarazos.
Art 2: Pronunciarse a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los términos que establezca la ley.
Art 3: Pronunciarse a favor de las políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados; y declarar de interés institucional los programas y campañas tendientes a garantizar el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad que promueven la igualdad de género y social.
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