La Universidad Nacional de La Plata, a través de su Prosecretaría de Derechos Humanos, participó de la reunión convocada por el Vicepresidente del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, Sr. Javier García, con el ojetivo de intercambiar apreciaciones respecto del proyecto de “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas en la ciudad de La Plata,” presentado por el Expediente Nº 60.849. Allí estuvo presente la Prosecretaria de DDHH de la UNLP; Mg. Verónica Cruz, junto a la abogada Guadalupe Godoy, integrante de esa Prosecretaría. También participaron concejales de la Comisión de Seguridad de ese cuerpo.
Cabe recordar que, atento a las inquietudes que esta iniciativa genera en actores de la comunidad universitaria, la Pro Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, presentó una Nota al Presidente de dicho Concejo el pasado 6 de abril, donde se enuncian las mismas.
En la reunión mantenida el día de la fecha, se expusieron los puntos a los que hace referencia la nota y se dialogó respecto de cada uno de ellos, sosteniendo por parte de la funcionaria las mismas preocupaciones que dieron origen al texto, a saber:
La preocupación respecto de que el proyecto presentado toma como marco el “Protocolo de actuación de las fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas,” producido por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 17 de febrero del corriente y publicado en su página web; sin que a la fecha exista Resolución ni publicación oficial que refrende su vigencia.
La inquietud acerca de una iniciativa que no encuentra adecuación en el ámbito provincial, a los códigos contravencionales y procedimentales requerida según lo establecido por el artículo 2º del proyecto de Protocolo Nacional en función de las facultades no delegadas de las provincias, garantizadas por la Constitución Nacional; y de la pretensión del mencionado proyecto, de modificar políticas de justicia y seguridad pública, que son competencia exclusiva del Estado Nacional y Provincial.
La responsabilidad de respaldar desde la UNLP decisiones institucionales de los poderes del estado, siempre que las mismas respeten el derecho de no regresividad en materia de derechos humanos. En tal sentido, se entiende la operatividad y vigencia de la Resolución 210/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece los “Criterios Mínimos para el desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas,” que constituyen actualmente el marco normativo de referencia.
La afectación de este proyecto a derechos humanos tales como el derecho a la libre expresión, a reunión, a peticionar y a la información de los que dispone toda la ciudadanía.
Asimismo, en el marco del intercambio el Presidente del Honorable Concejo Deliberante y autor del Proyecto, Sr. Ponce, planteó cuestiones vinculadas al debate en torno del carácter no absoluto de los derechos, y explicitó la importancia de garantizar condiciones de mayor seguridad “tanto para manifestantes como para vecinos” principalmente ante situaciones extremas como por ejemplo catástrofes, entre otras.
La Mg. Verónica Cruz sostuvo que el posicionamiento de la UNLP en el tema era acompañar medidas que amplíen y restituyan derechos, asumiendo la responsabilidad ética y política de comprender la conflictividad social en clave de complejidad, teniendo en cuenta las condiciones adversas en las que se encuentra un vasto sector de la población, cuyos derechos no pueden ser ejercidos en tanto el Estado no garantiza condiciones de igualdad por ejemplo en el acceso a servicios públicos fundamentes para no vulnerar el derecho a la salud a la educación y a un trabajo digno entre otros. Y recordó que esta problemática es producto de la profunda desigualdad social existente en nuestro país y en los países hermanos de toda Latinoamérica.
Asimismo destacó el trabajo que la UNLP viene desarrollando en pos de la ampliación y reconocimiento de derechos, en ámbitos como el Consejo Social del cual participan un conjunto de organizaciones sociales en proyectos que procuran mejorar sus condiciones de vida. Y señaló la importante trayectoria en la producción de conocimientos en docencia, investigación y extensión y en proyectos tales como acceso justo al hábitat, acompañamiento a productores y cooperativistas en iniciativas de economía social y de trabajo solidario y capacitación impulsadas también desde la Pro-Secretaría de Políticas Sociales, la producción pública de medicamentos, prevención de la violencia de género, y acciones de protección de niños y niñas con derechos vulnerados, entre muchas otras, que se vinculan directamente a la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía platense.
Finalmente reafirmó la importancia de generar un intercambio respecto de la problemática de la resolución de los conflictos colectivos que se suscitan en nuestra sociedad, y de revalorizar el dialogo y la política como herramientas para atender las situaciones en un marco que garantice “a priori” los derechos humanos que podrían verse afectados.