A 35 años del Golpe de Estado de 1976, todavía nos encontramos recorriendo la incesante lucha por recuperar la memoria, la historia y la identidad, repudiando a esa dictadura del espanto que instaló un plan sistemático asesino, que se propuso matar las ideas, terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en la solidaridad y en la justicia social. Pensar en construir memoria es hacer que cada desaparecida y desparecido ya no sea sólo un rostro o un nombre, se trata de devolverlos a la lucha como compañeros, presentes en cada logro por una mayor justicia social, en cada niño o niña que nace y tiene un futuro, en el repudio contra la violencia institucional y la discriminación. La diversidad, o sea para todas y todos.
Así como en términos generales la represión tuvo el propósito principal de destruir las organizaciones de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones populares de resistir al proyecto político-económico que los sectores económicos dominantes pretendían imponer en Argentina, y disciplinar por el terror a la población, en las Universidades se apuntó también a desarticular toda posibilidad de que allí se generara un polo de crítica y resistencia al programa de la dictadura.
La revolución cubana, “La noche de los bastones largos” del Onganiato, el Cordobaza del 69, llevaron a profundizar el compromiso de lucha desde diversos sectores universitarios. En este marco no podemos dejar de mencionar a Rodolfo Achem y Carlos Miguel, fundamentales en nuestra ciudad para poner en marcha, a partir del 73, el proyecto de “la Universidad al servicio del Pueblo”, concibiendo la educación y la universidad como modo y al servicio de la transformación social, dándole un corte nacional y popular e incluyendo y abriendo las puertas de las distintas unidades académicas, creando las condiciones necesarias -con becas, albergues, comedores, etc.- para los que hasta ese momento estaban excluidos: las clases populares. Partiendo de la concepción de que toda la población tenía derecho a acceder a la educación.
Pero estas ideas no tardarían en crispar la reacción de los sectores de derecha que veían amenazados sus intereses. Es así como el 8 de octubre del 1974 son asesinados Achem y Miguel por la Triple A, cortando ese proceso transformador, que quedaría definitivamente destruido con la denominada Misión Ivanisevich (en alusión al nuevo Ministro de Educación que anunciaba “combatir la conjura internacional -subversiva y marxista- a la que estaba expuesta nuestra universidad”) y el mal llamado Proceso de Reorganización Nacional. Dando inicio así a los años mas oscuros y trágicos de nuestra historia universitaria.
Párrafo aparte fue el mítico comedor universitario, un escenario recordado por todos, dados los intensos debates políticos que allí se daban, lugar de encuentro y discusiones de los distintos claustros universitarios, cerrado luego de la explosión de una bomba, que casi lo destruyó completamente, puesta por la Triple A. En el año 1972 había comenzado a organizarse en la UNLP una Asociación de Docentes. A fines del ’75 fue asesinado también por la Triple A el arquitecto Carlos de la Riva, que la encabezaba.
Esto se agudizó a partir de marzo del 76. Durante la dictadura, la lógica del exterminio se estableció sobre un cruento e ilegal sistema represivo, contra todos los que tuvieran ideas distintas al régimen. Más de 750 víctimas y numerosos exiliados y exiliadas, la consigna era detener, torturar y eliminar, incluso se utilizó el Plan Cóndor en este sentido, en cooperación con los países limítrofes. Se cerraron carreras (Sociología, Antropología, Psicología, Cine, Mural y Periodismo, de nuestra Universidad), liquidaron cátedras, grupos de trabajo, investigaciones, proyectos de extensión, experiencias académicas ligadas a una concepción más democrática de la producción y apropiación del conocimiento, y se fomentó el desarrollo de una cultura académica individualista y corporativa. E incluso no sólo se desapareció y asesinó, si no que además se obligó a renunciar a un sinnúmero de docentes.El decreto ley 21.276 en su art. 7 prohibía una vez mas en las universidades “toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente”. La materia Estudios de la Realidad Nacional, que según afirmaba la resolución 1827 era “propensa a la infiltración de ideologías extrañas al ser nacional”, fue reemplazada por la materia Cultura Cívica y allí sí se expresarían las ideas del régimen dictatorial.
Es preciso modificar -desde las políticas públicas y desde el lugar de la lucha política, el debate, la construcción de alternativas- la propia cultura académica. Volver a discutir el sentido de lo público en las Universidades, y volver a pensar -sin concesiones- cuál es el compromiso efectivo de los universitarios con el desafío de consolidar, en Argentina y en América Latina, el avance de los procesos democrático-populares.
Sin duda alguna, un hecho muy importante es la reforma del Estatuto del año 2008: en su preámbulo se establece que “la UNLP reafirma su compromiso con los valores democráticos y republicanos y por ello sostiene que no podrán incorporarse y/o permanecer en ella, en cualquier desempeño, aquellas personas involucradas en violaciones a los derechos humanos y/o terrorismo de estado”. En este sentido también nuestra Universidad participa como querellante en los juicios de Lesa Humanidad, acompañando la las organizaciones de Derechos Humanos.
Hoy, a pesar de ser el único país latinoamericano que está condenando a los asesinos de la última dictadura cívico-militar, la lentitud judicial hace que nos encontremos con demasiados genocidas libres sin un juicio que los condene, con más de 400 jóvenes apropiados, que aún resta recuperar su identidad, con Jorge Julio López desaparecido por segunda vez hace 4 años y medio, con hechos de violencia policial que siguen quedando impunes y con ideas que quieren llevar cada vez más niños y niñas a la cárcel en vez de ampliar sus derechos, y con seres siniestros que quieren ser presidentes pregonando un país “para los que quieren a Videla y para los que no lo quieren”.
Una sociedad que tiene treinta mil desaparecidos debe saber dónde yacen sus muertos, quiénes eran esos muertos cuando estaban vivos; porque ninguna sociedad podrá sobrevivir si no se les da identidad a sus muertos, si no es capaz de resucitar la memoria de los que no están. La memoria implica verdad, y la verdad implica justicia. Y la justicia es un acto de profunda civilidad que está tan lejos de la venganza como una paloma de un ave de rapiña. Cuando hay justicia es posible empezar a poner el pasado atrás y el futuro adelante.