Con la finalidad de pensar estrategias y políticas públicas por la situación de emergencia alimentaria que sufren a millones de habitantes de nuestro país, el próximo viernes 29 de noviembre tendrá lugar en la Universidad Nacional de La Plata una Jornada titulada “Hacia una LEY para la Seguridad y Soberanía Alimentaria”.
La actividad, organizada por la Multisectorial, se llevará a cabo desde las 17 horas, en el auditorio -203 del segundo subsuelo del edificio Sergio Karakachoff, y contará con la exposición de representantes de los diferentes espacios que cuentan con proyectos de Ley, con el objetivo de conocer sus principales elementos y debatirlos, a fin de avanzar en consensos y definir roles de los diferentes sectores sociales que apoyan la iniciativa.
El consenso es que millones de habitantes de nuestro país están en emergencia alimentaria, y atenderla debe ser la prioridad del conjunto de la sociedad y la principal tarea que asuman los actores con responsabilidad gubernamental.
Hacia una LEY NACIONAL para la SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Si bien existe legislación y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano a la alimentación, resultan insuficientes, están fragmentadas y/o han sido abandonadas por el actual Gobierno Nacional.
Por ello, diferentes espacios se han nucleado para discutir propuestas de Ley que aborden integralmente la emergencia, desde una perspectiva de derechos humanos y de soberanía alimentaria, que permita potenciar la producción de las diferentes regiones y el acceso a alimentos con la menor cantidad de intermediarios.
Se propondrá la creación de un Fondo, destinado a garantizar la Seguridad Alimentaria de todas las franjas etarias, promoviendo programas específicos para las diferentes necesidades, así como el acceso a alimentos producidos en cada región y reconociendo a los espacios comunitarios (comedores, clubes, iglesias, etc.) en su función de llegar hasta el último rincón donde se necesita esta asistencia. a los espacios comunitarios (comedores, clubes, iglesias, etc.) en su función de llegar hasta el último rincón donde se necesita esta asistencia.
Las propuestas también discutirán cómo debe constituirse este Fondo, entendiendo que existen sectores ampliamente beneficiados por las políticas públicas que tienen la responsabilidad de aportar en mayor medida a la situación de los sectores más vulnerables.
La mirada integral de las diferentes propuestas propondrá articular políticas de:
– Producción: huertas familiares y comunitarias, intercambio de semillas, producción agroecológica, ferias de cercanía y ferias francas, nodos de distribución que bajen los costos de logística, protección de cordones productivos periurbanos, arrendamiento accesible de tierras para la agricultura familiar, entre otros aspectos.
– Distribución: de fondos a la Asignación Universal combinada con prestaciones alimentarias, refuerzo a los comedores escolares de primaria y secundarias en sus diferentes modalidades de prestaciones de jornada simple, completa y hogares, la asistencia a comedores comunitarios, los programas focalizados para celíacos, pueblos originarios y las capacitaciones necesarias en materia de salud de nutrición que deben acompañar estos programas.
– Regulación: de circuitos de comercialización para abaratar costos de transporte y logística, precios cuidados/convenientes, de importaciones cuando se pueden producir localmente alimentos, reducción de IVA, impuestos a bebidas azucaradas, entre otras instancias.
– Regionalización federal, para definir la seguridad alimentaria acorde a las producciones locales y las culturas alimentarias regionales.
– El control sobre la ejecución de los programas, para exigir el cumplimiento de la planificación anual y/o plurianual de cada uno, con sus respectivos objetivos, metas, modalidad de implementación de cada programa y procedimientos de administración financiera y rendición de cuentas. De este modo se busca asegurar la previsibilidad en el financiamiento de las prestaciones alimentarias en todas sus modalidades, en base a criterios de economía, eficiencia, y eficacia para garantizar la continuidad de las mismas, y prevenir eventuales contratiempos en su ejecución; así como asegurar la transparencia y agilidad en el manejo de los recursos, la supervisión y monitoreo y las rendiciones de cuentas de las partidas presupuestarias.
