La Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La Plata comparte, a 40 años de Democracia, el rechazo al proyecto aprobado por la Legislatura de Mendoza que afirma que “Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales” aduciendo además la preocupación por el reconocimiento de tierras del Sur provincial para estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Como integrantes de esta universidad pública que rigurosa y sistemáticamente produce y transmite conocimientos, entendemos necesario pronunciarnos frente a estas afirmaciones sin sustento científico que, por un lado, desconocen los consensos construidos desde diferentes campos disciplinares en relación a la existencia de rasgos culturales y biológicos mapuches en la región cordillerana que preceden a la formación de los Estados Nación en nuestros países. Y por otro, reproducen discursos y prácticas negacionistas que atentan contra la democracia y los derechos humanos, desconociendo la identidad del pueblo mapuche como derecho fundamental y como construcción plural que no se circunscribe a una delimitación homogénea de un único grupo.
La responsabilidad ética y política asumida estatutariamente por nuestra comunidad universitaria nos convoca a reflexionar críticamente sobre este acontecimiento y su ligazón con el genocidio como experiencia constituyente del Estado argentino, y a valorar la ley 26.160 y el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Entendemos que esta iniciativa, recientemente aprobada por la legislatura mendocina, reviste connotaciones negacionistas, colonialistas y racistas que amenazan y descuidan la democracia y la convivencia pluricultural de nuestro pueblo como dimensiones sustantivas para consolidar una sociedad libre, justa e igualitaria. Por ello nos pronunciamos compartiendo la profunda preocupación ante lo sucedido, y reafirmando la plena vigencia de los derechos humanos como horizonte de sentidos de nuestro trabajo institucional en el marco de la educación pública.