Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los sectores más desprotegidos, la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Nacional de La Plata comenzó a formar a estudiantes y jóvenes profesionales para actuar como facilitadores jurídicos. La iniciativa apunta a ofrecer un servicio gratuito a aquellas personas que, por desconocimiento de las normas, procedimientos, y trámites, encuentran serias dificultades para acceder a los derechos y beneficios sociales más elementales.
El acceso a la jubilación, a la Asignación Universal por Hijo, a la partida de nacimiento, reclamos a las obras sociales, inscripciones dominiales, tramitación del DNI, son algunos de las gestiones en las que los facilitadores jurídicos intervendrán. Incluso, de ser necesario, los interesados podrán ser acompañados personalmente hasta la oficina o dependencia correspondiente.
El Estado garantiza la atención prioritaria de algunos sectores, para la protección de sus derechos, entre ellos: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de calle, adultos mayores. El acceso a los medios mediante el cual el Estado debe garantizar esos derechos (políticas públicas, programas, servicios, prestaciones) suele resultar dificultoso para los que desconocen los circuitos y los procedimientos administrativos y judiciales. En este contexto, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP trabajan en un innovador proyecto que forma estudiantes y profesionales, para que intercedan como facilitadores jurídicos en los casos donde se encuentren vulnerados los derechos y garantías de la sociedad en su conjunto.
Con este programa, la Unidad Académica busca promover en estudiantes y graduados el conocimiento del marco conceptual y normativo de los distintos sistemas de protección de derechos e integrar el análisis jurídico al accionar específico de organizaciones comunitarias e instituciones vinculadas a la protección de los derechos de las personas y colectivos de atención preferente.
La convocatoria del programa se orienta especialmente a estudiantes y graduados que estén interesados en la militancia social, la cooperación comunitaria, la acción barrial, el compromiso solidario, el voluntariado social. Por eso varios de los integrantes de Facilitadores ya tienen sus propios espacios de inserción, y a través de su militancia política, su trabajo en iglesias, o en una O.N.G., o de su participación vecinal, detectan situaciones en que personas o grupos tienen dificultades para acceder a políticas públicas, programas o prestaciones específicas. Esos casos se trabajan entre todos.
El programa se inició en 2012: en el mes de agosto se integró el primer grupo, se dedicaron los tres primeros meses a trabajar el marco conceptual y normativo de las personas y colectivos de atención preferente y de los sistemas de protección de derechos. En el mes de octubre comenzaron la primera experiencia de integración de los Facilitadores a un espacio institucional, trabajando con el equipo de profesionales del Centro de Salud Nº 13 de La Plata, y en articulación con el Consultorio Jurídico Gratuito que tiene sede en dicho Centro. “Las actividades – que han resultado un proceso de aprendizaje y de práctica muy rico- no se interrumpieron durante los meses de receso académico, y continúan en la actualidad. En abril de este año se abrió nuevamente la inscripción, y en mayo comenzamos a trabajar con el nuevo grupo los contenidos teóricos y normativos, mientras que con el grupo de 2012 continuamos reforzando esos contenidos y vamos ampliando los ámbitos de inserción. Por iniciativa de una de las graduadas integrantes del grupo, se abrieron dos líneas de trabajo muy interesantes con programas dependientes del Patronato de Liberados.”, contó Cristina Tabolaro, directora del Proyecto.
El Programa no consta de atención directa, sino que la intervención es impartida a través de actores comunitarios o institucionales. “La respuesta jurídica no puede ser teórica ni aislada, sino que debe considerar, por ejemplo, la estrategia de los docentes, o del médico o el trabajador social ante determinada situación que afecta a una persona o a un grupo familiar. Eso implica familiarizarse con la interdisciplina y la interistitucionalidad, modalidades de trabajo a las que tal vez los abogados no estamos muy habituados.”, destacó Adolfo Brook, Secretario de Extensión de Ciencias Jurídicas.
Aporte de los Facilitadores a los afectados por la inundación
Con respecto a la población afectada por las inundaciones, el Programa confeccionó lo que en la práctica se denomina “recursero”: la identificación de los programas, servicios, prestaciones y servicios que en el ámbito nacional, provincial y municipal se generaron a partir de la emergencia, identificando los destinatarios, cobertura, requisitos y forma de acceso, etc. La Secretaría de Extensión hizo circular esa información entre los Consultorios Jurídicos Gratuitos y otros proyectos. También tuvimos participación directa en casos de pacientes del Centro de Salud Nº 13 que viven en barrios que se inundaron.
Por otro lado muchas personas que habitan en varios de los barrios inundados no es la primera vez que pasan por una situación como la del 2 de abril: muchas familias, cada vez que llueve, viven íntimas catástrofes periódicas y recurrentes que permanecen invisibles. Sin olvidar que además de las inundaciones hay otros factores –ambientales, sociales, económicos, culturales- que afectan directamente sus derechos y por lo tanto su calidad de vida.
Por eso se propuso un esquema de trabajo territorial en los barrios afectados. Para su localización consideraron aquellas zonas donde ya se desarrollen Proyectos de Extensión de las distintas facultades de la U.N.L.P., y donde haya organizaciones barriales, comunitarias o sociales que se encuentren trabajando la problemática en la zona.
Al trabajar en un barrio, los objetivos son:
• Identificar los derechos amenazados o vulnerados de las personas, grupos familiares y comunitarios afectados por las inundaciones.
• Relevar los programas, servicios y prestaciones vigentes en la comunidad.
• Coordinar acciones de integración y cooperación con los Proyectos de Extensión con desarrollo territorial en la zona.
• Aportar información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a las organizaciones barriales e instituciones que trabajan con la población afectada y en la zona.
• Facilitar los circuitos intra e interinstitucionales para la atención de las situaciones y casos individuales, familiares y grupales.
• Coadyuvar al fortalecimiento de la red comunitaria para la identificación de las diversas situaciones de amenaza o vulneración de derechos y de los circuitos para su protección y restablecimiento.
• Promover la accesibilidad, fortalecimiento y optimización de los programas, servicios y prestaciones vigentes en la comunidad.
